En un contexto tenso y de incertidumbre política, la ONU ha hecho un llamado al Gobierno de Venezuela para que se respete el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones y manifestarse libremente, sin temor a represalias. Este reclamo llega en un momento crucial, ya que se acerca el inicio del nuevo mandato presidencial el próximo 10 de enero, evento marcado por un clima de desconfianza tras las elecciones de julio de 2024, que aún generan debates y alegaciones sin resolver.

La Misión Internacional Independiente de Investigación ha emitido un "fuerte llamamiento" a las autoridades venezolanas en este preámbulo crítico. Marta Valiñas, presidenta de la misión, instó a las fuerzas del orden a adherirse a los más rigurosos estándares internacionales en el uso de la fuerza, especialmente tras los disturbios que resultaron en la detención de más de 2.400 individuos durante las manifestaciones que siguieron a las elecciones.

A pesar de que el Ministerio Público venezolano ha comunicado que más de 1.300 de los detenidos han recuperado su libertad, organizaciones de derechos humanos como Foro Penal argumentan que alrededor de 1.800 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, lo que plantea serias dudas sobre la justicia y la due process en el país.

Valiñas subrayó que cualquier acto que vulnere derechos debe ser investigado de forma rápida, completa e imparcial, asegurando que los juicios se realicen en tribunales independientes que respeten el debido proceso. Francisco Cox, otro integrante de la misión, enfatizó que todos los responsables, desde quienes ordenan las detenciones arbitrarias hasta aquellos que perpetran torturas, enfrentan responsabilidad penal individual.

Cox también advirtió que el "aparato represor" del Estado venezolano continúa plenamente operativo, lo que refuerza el llamado de su equipo para la liberación de todos aquellos que han sido arrestados sin justificación y para el respeto a las diferencias de opinión política y social.

Patricia Tappatá, experta de la misión, añadió que la caza de opositores y de quienes son vistos como tales por el Gobierno no solo persiste, sino que se manifiesta como un ataque sistemático a la libertad de expresión y pensamiento, lo que conlleva a un clima de temor y represión.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ha manifestado su intención de asumir un nuevo mandato el 10 de enero, a pesar de que las instituciones oficiales, bajo control chavista, no han dado a conocer las actas que validen su supuesta victoria electoral. En el bando opositor, Edmundo González, el principal candidato y ahora exiliado en España, sostiene que es él quien debería ocupar el cargo y ha hecho promesas de regresar a Venezuela, lo que añade una capa más de complejidad a la situación política actual en el país.