En Madrid, el 1 de enero, organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Servicio Jesuita Migrante (SJM) y Accem han expresado su firme deseo de que en 2025 se garantice una participación "real y efectiva" de las entidades que operan en el ámbito del refugio y la protección internacional. Estas entidades han manifestado su creciente preocupación ante los desarrollos relacionados con el pacto europeo sobre migración.

De acuerdo con CEAR, el borrador del plan para implementar el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea ha dejado fuera a las ONG, lo que consideran un grave error. Mónica López, directora general de CEAR, destacó en declaraciones a Europa Press que es esencial involucrar a la sociedad civil en el proceso legislativo, tanto para 2024 como para 2025, especialmente en lo que respecta a quienes trabajan directamente con refugiados. La falta de consulta a estas organizaciones en el desarrollo de políticas migratorias es motivo de alarma.

López también ha subrayado que el año 2024 ha estado dominado por el pacto europeo, lo que podría acarrear efectos adversos para los derechos de los migrantes, como el potencial aumento en los períodos de detención. En este sentido, ha señalado la necesidad de redefinir el procedimiento de asilo en España mediante nueva legislación que responda a estos desafíos.

En cuanto al flujo migratorio de este último año, la directora de CEAR ha indicado que, aunque el sistema de acogida no ha estado colapsado, es vital fortalecer su infraestructura. Ha enfatizado que el país debe estar preparado para las llegadas, estableciendo capacidades adecuadas y protocolos que respondan a la dinámica migratoria, sin esperar a situaciones críticas para actuar.

Por otra parte, CEAR seguirá observando atentamente la situación de los ciudadanos sirios que buscan protección internacional en España, especialmente tras la caída del régimen de Bashar al Assad. López ha manifestado que la entidad mantendrá su vigilancia sobre cómo se gestionan estas solicitudes en el próximo año.

En el ámbito de los menores no acompañados, CEAR confía en la colaboración de las comunidades autónomas para abordar su situación. La directora general ha indicado que espera que en 2025 el Gobierno, junto a Canarias, Ceuta y el Partido Popular, llegue a un consenso sobre la reforma de la Ley de Extranjería, buscando un mecanismo que obligue a distribuir apropiadamente a estos menores.

López ha señalado que el próximo año prestarán especial atención a la proliferación de discursos de odio dirigidos a grupos vulnerables, incluidos los migrantes. Esta postura se alinea con las preocupaciones expresadas por Accem, que ha denunciado la sobreexposición mediática injustificada de la infancia migrante, considerándola un blanco de ataques y deshumanización por parte de ciertos grupos que promueven el odio xenófobo.

Accem ha hecho un llamado claro para que se prioricen los derechos de la infancia en todas las políticas sociales, políticas y mediáticas que afecten a estos menores, argumentando que es crucial en el contexto actual abordar estos temas con sensibilidad y respeto. Además, la ONG ha alertado sobre las "muy preocupantes" medidas que plantea el Pacto de Migración y Asilo de la UE, instando a que su implementación en España sea coherente con las políticas migratorias vigentes.

El SJM también ha expuesto su inquietud respecto al pacto europeo, tildándolo de incierto y potencialmente dañino, señalando que podría resultar en detenciones más prolongadas y procesos acelerados para resolver solicitudes de asilo, que requieren un estudio minucioso. En este sentido, han destacado la urgente necesidad de establecer "vías seguras y legales" para quienes buscan un futuro mejor, evitando que tengan que arriesgar aún más su integridad física.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) también han sido objeto de crítica por parte del SJM, que denuncia que se siguen vulnerando derechos fundamentales en estas instalaciones, desde la infraestructura hasta el acceso a atención sanitaria y asistencia jurídica adecuada.

Según los números más recientes del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de este año, han llegado a España 60.216 migrantes de forma irregular, lo que representa un incremento del 14.5% en comparación con el mismo periodo de 2023. De estos, 43.737 arriban a Canarias, donde la situación sigue siendo crítica.

En un hito reciente, entre el 23 y el 27 de diciembre, casi un millar de migrantes alcanzaron las costas canarias, incluyendo cerca de 400 en un solo día. Esta cifra no incluye a aquellos que desaparecieron en el hundimiento de una embarcación que se dirigía al archipiélago, un trágico evento en el que se estima que hay alrededor de 70 desaparecidos. Además, en el último fin de semana del año, llegaron más de 1.200 migrantes a Canarias, mientras que Baleares también ha recibido a más de un centenar de personas en situación irregular en diversas pateras.