En la jornada del 21 de noviembre, se ha suscitado una nueva controversia en el ámbito de los asentamientos israelo-palestinos, tras el anuncio del Consejo Regional de Gush Etzion sobre la creación de un nuevo asentamiento en la región de Belén. Esta denuncia proviene de la ONG israelí Peace Now, que ha expresado su preocupación por el impacto que esta actividad podría tener en las comunidades locales.

Peace Now reveló que el área conocida como Ush Grab, que se encuentra adyacente al poblado de Beit Sahur, había sido destinada hace aproximadamente 15 años para la construcción de un hospital infantil destinado a los habitantes de Belén. Sin embargo, el proceso para llevar a cabo este proyecto fue obstaculizado por la presión ejercida por los colonos que empezaron a establecer un asentamiento no autorizado, lo que impidió que se concretara la edificación del hospital.

La ONG ha manifestado que la creación del nuevo asentamiento busca asfixiar el crecimiento de Beit Sahur y limitar su desarrollo. Peace Now destaca que el accionar de los colonos, que se aprovechan de fondos públicos para establecer asentamientos, puede comprometer las posibilidades de alcanzar un futuro pacífico y la viabilidad de una solución de dos Estados.

Además, Peace Now ha dirigido sus acusaciones hacia Yaron Rosenthal, jefe del conglomerado de asentamientos, quien anunció la instalación a través de un mensaje en su cuenta de Facebook. En un video, Rosenthal celebró la creación del asentamiento, recordando que los judíos han anhelado regresar a Belén durante dos mil años, y resaltó la conexión que estos asentamientos tienen con la ciudad de Jerusalén.

La organización también ha hecho referencia a la presión que Rosenthal pudo haber sentido tras la reciente demolición del asentamiento de Tzur Misgavi, que había sido establecido sin permisos. Se postula que esto le llevó a actuar rápidamente para establecer un nuevo asentamiento y así satisfacer a sus críticos dentro de la derecha, aunque también se enfatiza que esta instalación se ha erigido sin la aprobación legal necesaria.

A pesar de que el Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, el gobierno israelí hace distinciones entre los que han recibido permisos y aquellos que no, considerando estos últimos como contrarios a la ley. Mientras tanto, la Corte Internacional de Justicia ha manifestado que la política de asentamientos israelí contraviene la Cuarta Convención de Ginebra, especialmente en lo que respecta al desplazamiento forzoso de personas y la gestión de recursos naturales, sugiriendo un esfuerzo de anexión que va en contra de las normativas internacionales.