MADRID, 25 Nov. (CHANCE) - La figura del Rey Juan Carlos vuelve a acaparar la atención mediática en un momento crítico, justo semanas después de que emergieran imágenes y grabaciones privadas que lo vinculaban a la conocida vedette Bárbara Rey. Este nuevo capítulo en su vida, que evoca un pasado turbulento en los años 90 cuando la vedette hizo revelaciones sorprendentes, se ve ensombrecido por una grave acusación que ahora pesa sobre el Emérito.

Recientemente, un grupo de cinco magistrados jubilados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción también en retiro, y varios intelectuales de renombre, incluyendo expresidentes de la Audiencia Nacional y destacados académicos en derecho, han decidido presentar una querella criminal contra el padre del actual Rey Felipe VI. Las acusaciones se centran en cinco supuestos delitos fiscales relacionados con la Hacienda Pública, los cuales habrían ocurrido entre los años 2014 y 2018, tiempos en que el Emérito ya debería haber tenido claridad sobre sus obligaciones tributarias.

Los denunciantes afirman que las dos regularizaciones fiscales que Juan Carlos I llevó a cabo ante la Agencia Tributaria en 2020 y 2021, las cuales ascendieron a un total de 5 millones de euros, no se ajustan a los requerimientos legales. En su argumento, subrayan que estas regularizaciones se realizaron tras notificarle en dos ocasiones la existencia de una investigación por cuestiones de “relevancia tributaria” que le conciernen directamente.

Además, se sostiene que en virtud de este conocimiento sobre la investigación, el Emérito procedió a autoliquidar las rentas de los años fiscales 2014 a 2018, omitiendo en sus declaraciones los significativos ingresos que habría recibido a través de la fundación Zagatka, cuyas riendas lleva su primo Álvaro d'Orleans. La insistencia de los querellantes radica en que consideran que los delitos fiscales no han prescrito y que la regularización no se realizó conforme a la ley correspondiente en ese periodo.

Ellos señalan, además, que el estatus de inviolabilidad de Juan Carlos I ya no se sostiene, dado que abdicó antes del período en el que se habrían cometido estos presuntos delitos. En consecuencia, solicitan que el Emérito sea llamado a declarar desde su residencia en Abu Dabi, enfrentando acusaciones que podrían acarrearle penas de prisión de entre dos a seis años y significativas multas económicas.

“A partir del 19 de junio de 2014, todo cambia. Se produce la abdicación y, por ende, pierde la inviolabilidad, pasando a ser un aforado de la sala segunda. Lo que realmente buscamos es que se reconozca que las regularizaciones fiscales entre 2014 y 2018 no se hicieron conforme a la ley. En un estado democrático, quien tiene la última palabra es el Tribunal Supremo. Algunos pueden pensar que hemos tardado, pero esta es una situación compleja y diversas circunstancias han dilatado este proceso hasta ahora”, declaró José Antonio Martín Pallín, uno de los involucrados en la querella, en una entrevista para TVE.