El Tribunal Supremo (TS) ha decidido abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por el presunto delito de revelación de secretos denunciado por el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Esta medida sin precedentes marca la primera vez que se imputa a un jefe del Ministerio Público.

El compañero de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, llevó a los tribunales la divulgación de una nota informativa de la Fiscalía de Madrid sobre correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto en relación a un supuesto fraude fiscal en el que estaba siendo investigado. García Ortiz se responsabilizó de dicho comunicado.

La Sala de lo Penal también investigará a Rodríguez Fernández, quien supuestamente proporcionó información a García Ortiz para la elaboración de la mencionada nota. Aunque no es aforada, los magistrados consideran que los comportamientos de ambos están conectados de tal manera que justifica la investigación conjunta.

El magistrado Ángel Luis Hurtado ha sido designado como instructor de esta causa por la Sala, la cual considera que las acusaciones de revelación de secretos contra García Ortiz y Rodríguez Fernández surgen de la difusión de la nota informativa detallando la investigación sobre González Amador.

Según el Tribunal Supremo, los hechos deben ser investigados para determinar si constituyen un delito de revelación de secretos de acuerdo con el artículo 417 del Código Penal, que sanciona la divulgación de información confidencial por parte de autoridades o funcionarios públicos.

El tribunal ha expresado que, a pesar de que la información en la nota ya había sido divulgada por medios de comunicación, la revelación de correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso podría haber afectado al derecho de defensa del implicado y a su presunción de inocencia.

La Sala considera que los indicios de criminalidad deben ser investigados para determinar el grado de participación de los querellados en estos eventos y si se han producido perjuicios a los derechos de los implicados.