Nueva normativa fortalecerá el acogimiento familiar para la protección de menores.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha iniciado este lunes un proceso de consulta pública con el objetivo de crear una nueva normativa que busque reforzar el acogimiento familiar, considerado la principal estrategia para proteger a niños y adolescentes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Las estadísticas indican que el acogimiento familiar ha experimentado una caída significativa desde 2020 hasta 2023, bajando del 53% al 51%. De acuerdo con el último boletín sobre medidas de protección infantil, cerca de 1.200 niños de entre 0 y 6 años están actualmente en acogimiento residencial, lo cual va en contra de lo estipulado por la legislación actual.

En respuesta a esta preocupante situación, Sira Rego, responsable del departamento, ha subrayado la urgencia de establecer un marco normativo que incentive y fortalezca el acogimiento familiar, al mismo tiempo que se promueva una concienciación social sobre la importancia de acoger a estos menores, con el fin de atraer nuevas familias que deseen realizar esta noble labor.

La propuesta también enfatiza la necesidad de implementar procedimientos que prioricen la integración de niños de 0 a 6 años en el sistema de protección hacia familias de acogida, garantizando así una transición más efectiva y humana.

La normativa busca alinearse con la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, que tiene como objetivo garantizar que los derechos de la infancia y la adolescencia se respeten, permitiéndoles crecer en un ambiente familiar que asegure su bienestar y desarrollo integral. La consulta reconoce que es esencial abordar el acogimiento desde un enfoque integral y basado en los derechos del menor.

En el marco de esta consulta pública, se explorará la forma más adecuada de regular el acogimiento familiar, poniendo siempre en primer lugar el interés superior del menor y la necesidad de asegurar una protección completa y efectiva para todos los niños y adolescentes. Según los datos presentados, la falta de regulación en este ámbito podría traducirse en una violación de los derechos fundamentales de la infancia.