El 23 de diciembre de 2023, Madrid se convierte en el escenario de una importante noticia relacionada con la sanidad pública y la gestión de recursos para los funcionarios del Estado. Las compañías aseguradoras han sido convocadas a participar en la segunda licitación del Gobierno para el concierto revisado de asistencia sanitaria de Muface, que abarcará el periodo de 2025 a 2027. Este proceso se coordina bajo la supervisión del Portal de Contratación del Estado, con un plazo límite estipulado hasta el 15 de enero para que las empresas presenten sus ofertas.

Este nuevo llamado a la licitación se produce tras el fracaso de la primera convocatoria, que no logró atraer proveedores suficientes debido a la falta de un aumento apropiado en la prima de los asegurados, según las declaraciones de las aseguradoras. Esta situación ha llevado al Gobierno a replantearse su estrategia para asegurar que la asistencia sanitaria privada que Muface ofrece a sus beneficiarios tenga un respaldo sólido y sostenible.

El contrato en cuestión presenta un importante monto económico, alcanzando un total de 4.478 millones de euros, lo que representa un notable incremento de 957 millones en comparación con el anterior periodo. Además, se extiende la duración del concierto de dos a tres años, garantizando así su cobertura hasta el año 2027. En términos anuales, se ha establecido un costo que asciende a 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones en 2026 y 1.685 millones en 2027.

Una de las modificaciones más significativas que se introduce es en la prima por mutualista, la cual experimentará un aumento del 33,5%. Este incremento es casi el doble del 17,12% que se había propuesto inicialmente por parte del Gobierno. Como resultado, la prima que actualmente se sitúa en 1.032,12 euros, escalará a 1.262,28 euros para el año 2027.

Asimismo, tras realizar una consulta preliminar que solo incluyó a las aseguradoras Asisa y DKV, se ha decidido cambiar la metodología utilizada para calcular la prima. En lugar de una prima lineal, se adoptará una fórmula incremental que tomará en consideración los diferentes tramos de edad, lo que implicará que las aseguradoras cobrarán más por asegurar a colectivos de mayor edad y menos a aquellos que son más jóvenes.

El concierto que se encuentra en proceso de licitación abarca a un total de 1,5 millones de personas, incluyendo tanto titulares como beneficiarios. Es relevante destacar que el 65% de los titulares son docentes de diversos niveles educativos, desde primaria hasta enseñanza universitaria, mientras que un 17% pertenece a diferentes cuerpos de la Administración General del Estado.

Por último, se debe tener presente que, en caso de que el nuevo contrato sea adjudicado, su aplicación comenzaría en abril de 2025, lo cual implicaría la prórroga del actual concierto por un periodo adicional de tres meses. Esta decisión se toma en un momento crucial en el que se busca garantizar una atención médica adecuada y equitativa para los funcionarios y sus familias en el marco de un servicio de salud cada vez más demandante.