El pasado 22 de noviembre, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció que las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, serán un tema destacado en la próxima reunión del G7. Este encuentro, que reunirá a los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros, tendrá lugar del 25 al 26 de noviembre en la localidad de Fiuggi, Italia.

La jefa de gobierno italiana afirmó que, bajo su presidencia del G7, pretende poner sobre la mesa esta cuestión en un contexto que, según ella, debe ser tratado con objetividad y sin sesgos políticos. Meloni hizo énfasis en que "no se puede establecer una equiparación entre las acciones del Estado de Israel y las de la organización terrorista Hamás", lo que sugiere un enfoque cauteloso en un asunto excepcionalmente sensible.

En este contexto, la Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido un dictamen en el que se afirma que hay indicios suficientes para considerar que Netanyahu y Gallant actuaron de manera deliberada para privar a la población de Gaza de recursos esenciales para su supervivencia, además de bloquear la entrada de ayuda humanitaria y dificultar el trabajo de las organizaciones que operan en la región.

Los jueces del tribunal consideran que ambos líderes pueden ser considerados "penalmente responsables" por implementar el hambre como una táctica de guerra, así como por perpetrar asesinatos y otros actos inhumanos que podrían calificarse como crímenes de lesa humanidad. Asimismo, han acusado a Netanyahu y Gallant de permitir ataques indiscriminados que afectan a la población civil, lo que añade un grave nivel de compromiso a las acusaciones en su contra.

En relación a la situación de Hamás, la CPI también ha ordenado la captura de Mohamed Diab al Masri, conocido como 'Abú Deif', el actual jefe del ala militar del grupo islamista, quien se encuentra señalado tras la muerte de varios líderes del grupo como Yahya Sinwar e Ismail Haniye en recientes acciones militares israelíes. Aunque Israel ha considerado a Diab como fallecido, su estatus sigue siendo incierto, dado que Hamás no ha confirmado su muerte oficialmente.

Desde el ámbito italiano, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, criticó la sentencia emitida por la CPI, calificándola de "incorrecta" y argumentando que esta tiende a igualar la responsabilidad de Netanyahu y Gallant con la de 'Abú Deif', quien es visto como el líder de los atacantes. Esto añade un matiz adicional a la complejidad de las acusaciones y las penas que podrían recaer sobre los implicados.

A pesar de su desacuerdo con la sentencia, Crosetto subrayó la obligación de Italia de adherirse al Tribunal Penal Internacional, señalando que, de producirse una visita de Netanyahu o Gallant a Italia, las autoridades italianas estarían obligadas a proceder con su arresto, reconociendo que esto sería un cumplimiento de los acuerdos internacionales, no una decisión influenciada por razones políticas.

Es importante mencionar que el artículo 86 del Estatuto de Roma establece que todos los Estados miembros del TPI deben colaborar plenamente con el tribunal y cumplir con su mandato, lo que incluye la obligación de detener y extraditar a las personas sujetas a órdenes de arresto emitidas, en caso de que estas ingresen en su territorio.