En Madrid, el 22 de noviembre, se ha dado a conocer un informe de la Dirección Especial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que podría tener graves repercusiones para MasOrange, una empresa que opera bajo la estructura de una 'joint venture' entre Orange y MásMóvil. Este informe sostiene que la compañía actuó "de mala fe" durante el proceso de regulación de empleo (ERE) que afecta a unos 650 trabajadores. Según la opinión de la autoridad laboral, MasOrange habría ocultado información esencial a los sindicatos involucrados, algo que la empresa niega rotundamente.

El análisis realizado por la Inspección de Trabajo pone de manifiesto que, al inicio del procedimiento para implementar el despido colectivo, MasOrange se había presentado como un "grupo laboral" que abarca un total de 13 sociedades. Sin embargo, destaca que el ERE solo tiene repercusiones en seis de esas entidades, que, curiosamente, constituyen casi el 97% de la plantilla total. Esto plantea serias interrogantes sobre la transparencia de la empresa y su compromiso con los derechos de los trabajadores.

El informe remarca que la información acerca de la consideración de MasOrange como parte de un grupo laboral fue comunicada a los representantes sindicales únicamente en el momento en que se activó el ERE, lo cual parece constituir una tentativa deliberada de ocultación de información. Esto podría interpretarse como un uso intencionado del proceso de despido para manipular a los trabajadores y sus representantes.

Más allá de la cuestión de la transparencia, el documento indica que la urgencia en informar sobre la composición del grupo laboral en este momento específico sugiere de manera inequívoca la intención de la gestión de evitar la complicidad de los sindicatos en el proceso. La inspectora involucrada sostiene que esta cuestión es el eje central del caso, ya que su resolución determinará la validez del procedimiento en su totalidad.

Frente a esta situación, el sindicato USO, que no participó en la mesa de negociaciones del ERE en MasOrange, ha tomado cartas en el asunto al presentar una demanda ante la Audiencia Nacional. En su petición, reclama la nulidad de la comisión negociadora que sí contó con la participación de otros sindicatos, como CCOO y UGT, que finalmente firmaron el acuerdo. Este hecho pone en evidencia la división entre los sindicatos y complica aún más el panorama laboral en la empresa.

El sindicato USO argumenta que el informe de la autoridad laboral refuerza su causa en la lucha por la nulidad tanto de la mesa de negociación como del propio ERE. Este proceso judicial está previsto que inicie el próximo martes, 26 de noviembre, en la Audiencia Nacional, y tiene como trasfondo un conflicto que bien podría cambiar el curso de la empresa y la situación laboral de sus trabajadores.

Además, USO ha expresado que el papel de MasOrange en esta situación es indefendible, ya que el informe no reconoce la existencia de un grupo mercantil tal como argumenta la empresa. Según el sindicato, desde su creación, MasOrange ha funcionado como una unión temporal de empresas, manteniendo así su personalidad jurídica e independencia, lo que contradice las afirmaciones de la dirección.

Ante el creciente conflicto, USO ha hecho un llamado a la dirección de MasOrange y a los sindicatos que han firmado el ERE para que se paralicen todos los despidos y se readmitan a aquellos trabajadores que ya han sido despedidos y desean reincorporarse a sus puestos.

Finalmente, en respuesta a la controversia, las fuentes oficiales de MasOrange han comunicado a Europa Press que no comparten las conclusiones del informe emitido por la autoridad laboral, reafirmando su postura. "El grupo laboral MasOrange no comparte la opinión que se expone en el informe, dado que dicho informe desconoce la realidad laboral de las condiciones en las que prestan sus servicios las personas trabajadoras del grupo laboral", manifestaron, subrayando que se basa en un acuerdo alcanzado con la mayoría de la representación sindical a principios de octubre de este año.