El reciente ataque aéreo llevado a cabo por el Ejército de Israel en Palmira, Siria, ha dejado un saldo trágico que ha generado conmoción en el ámbito internacional. Hasta el momento, se han reportado 61 fatalidades y más de 50 personas heridas, según el informe del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización con sede en Londres que cuenta con informantes dentro del territorio sirio. Esto contrasta con la cifra de 36 muertos reportada por el Gobierno sirio, lo que plantea dudas sobre la precisión de las estadísticas presentadas por las diferentes partes involucradas en el conflicto.

Los detalles sobre las víctimas son preocupantes y reflejan la complejidad de la situación en la región. De acuerdo con el Observatorio, entre los fallecidos se encuentran 33 milicianos de nacionalidad siria que apoyan a Irán, así como 22 milicianos no sirios, predominantemente de la milicia pro-iraní Harakat Hezbolá al Nujaba. Además, se han confirmado cuatro miembros del grupo chií libanés Hezbolá entre los muertos. La identificación de dos víctimas aún está pendiente, y se teme que el número total de fallecidos pueda aumentar dada la gravedad de las lesiones de varios heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Siria presentó su propia evaluación, señalando que 36 personas habían perdido la vida y que 50 más habían resultado heridas como consecuencia del ataque israelí, ejecutado alrededor de las 13:30 horas, tiempo local. Este ataque se dirigió hacia varias instalaciones en Palmira, una histórica ciudad que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los bombardeos impactaron tanto en edificios residenciales como en la zona industrial, lo que ha suscitado condenas por parte de diversas organizaciones y gobiernos.

El Ministerio de Exteriores sirio no tardó en emitir un comunicado en el que califica la acción israelí como un "crimen horrendo", apuntando a que esta agresión es un claro reflejo de la conducta sionista actual hacia los países y pueblos de la región. Además, el ministerio criticó el actual funcionamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al señalar que el derecho a veto de algunos de sus miembros ha limitado la acción efectiva ante tales agresiones, sugiriendo indirectamente la responsabilidad de Estados Unidos en este estancamiento.