En la jornada del sábado, 10 de enero, un significativo número de 4.260 personas con discapacidad intelectual competirán por una de las 455 plazas disponibles en la categoría de personal laboral fijo del grupo profesional E0 dentro de la Administración General del Estado (AGE). Este proceso selectivo ha sido convocado por la Secretaría de Estado de Función Pública y está siendo organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la fase de oposición contará con una única prueba que se llevará a cabo a las 10:30 horas en cuatro localidades distintas: La Coruña, Madrid, Sevilla y Zaragoza. Aquellos candidatos que logren superar esta fase del proceso selectivo asumirán funciones complementarias de apoyo en diversas áreas administrativas.

Este tipo de convocatorias presenta desafíos especiales, dado que los aspirantes deben poseer un grado de discapacidad intelectual que haya sido reconocido por los organismos competentes de las diferentes comunidades autónomas, siendo este grado igual o superior al 33%. Esto subraya el compromiso del Gobierno por la inclusión de personas con capacidades diferentes en el ámbito laboral público.

La intención del ejecutivo es consolidar un modelo de empleo inclusivo, diverso y de calidad. Para ello, también se están impulsando nuevas iniciativas normativas que buscan optimizar y agilizar los procedimientos y tiempos de este tipo de procesos ocupacionales.

En este contexto, se ha puesto a consideración pública una orden que establece criterios generales para la adaptación de medios y tiempos en los procesos selectivos destinados a la contratación de personas con discapacidad. Esta iniciativa, promovida por la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, ha recibido 282 aportaciones de diversas asociaciones y particulares durante su fase de consulta pública previa.

Adicionalmente, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se encuentra actualmente trabajando en la elaboración de un nuevo Real Decreto que regule el acceso al empleo público y la asignación de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Este nuevo decreto está diseñado para reemplazar la legislación vigente, concretamente el RD 2271/2004, con el objetivo de adaptarlo a los cambios normativos, sociales y tecnológicos que han surgido desde su implementación.

La conclusión de la fase de consulta pública para este proyecto ha dado lugar a 42 contribuciones, lo que revela un interés significativo en la creación de un marco que favorezca la integración laboral de personas con discapacidad, adaptando así las normativas a las nuevas realidades del ámbito laboral.