En los últimos siete años al frente del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha destacado por haber hecho menos pronunciamientos políticos que algunos miembros de la judicatura que utilizan las redes sociales como plataforma de expresión, lo que ha suscitado preguntas sobre la naturaleza de su papel como alto funcionario.

Este viernes, en una conferencia de prensa dedicada a la evaluación de la siniestralidad vial en 2024, Marlaska manifestó su apoyo a la propuesta de ley presentada por el PSOE en el Congreso, cuyo objetivo es restringir las acciones judiciales abusivas. Desde su experiencia como juez, expresó la necesidad de erradicar las acusaciones “injustificadas” y subrayó la importancia de “garantizar y revalorizar la neutralidad judicial”.

El ministro hizo hincapié en su esfuerzo por evitar la politización durante su largo trayecto profesional, tanto como juez como en su actual cargo, asegurando que ha optado por abstenerse de realizar pronunciamientos que pudieran afectar su imagen de imparcialidad. “Tengo tantos años en esta administración que probablemente realice menos comentarios políticos que algunos jueces en las redes sociales”, aseguró, aclarando que no se refería a nadie en particular, sino que hacía alusión a un hecho objetivo.

Además, Marlaska resaltó la vital importancia de mantener la neutralidad política, una cualidad que, según su juicio, comparten la “inmensa mayoría” de los funcionarios en diversos ámbitos, incluidos los cuerpos de seguridad. Destacó que la imparcialidad es un pilar fundamental para el funcionamiento efectivo de cualquier institución, afirmando que “es esencial revalorizar la neutralidad”.

El ministro también defendió la necesidad de que el Poder Judicial mantenga una "independencia absoluta", un principio que, lamentó, se encuentra amenazado debido a “los preocupantes ataques que están sufriendo los sistemas democráticos a nivel internacional”.

Mediante estas declaraciones, Grande-Marlaska se alineó con la postura del PSOE frente a las críticas del Partido Popular sobre la proposición de ley orgánica destinada a “garantizar y proteger los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”, la cual fue registrada este viernes. La intención de esta iniciativa es “impedir los mecanismos de acoso” que utilizan grupos considerados “ultras” mediante la acusación popular con fines particulares.

El titular del Interior calificó esta Ley como “importante y necesaria” a la hora de prevenir que las instituciones judiciales sean convertidas en herramientas para “pervertir y generar desconfianza injustificada” ante la ciudadanía.

Por otra parte, ante inquietudes sobre la situación en Venezuela, Marlaska recordó que España fue uno de los primeros países en no reconocer el resultado de las últimas elecciones y que exigió “conocer las actas electorales” ante las serias dudas acerca de la victoria de Nicolás Maduro.

Siguiendo también la línea del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, Grande-Marlaska recalcó que España fue la primera nación en ofrecer la asistencia necesaria a Edmundo González dentro de Venezuela, quien posteriormente recibió asilo y protección internacional a través del Ministerio del Interior.

“Siempre hemos afirmado que la solución debe ser pacífica y debe surgir del propio pueblo venezolano”, concluyó el ministro, en referencia a las críticas del PP respecto a la respuesta del Gobierno español tras el arresto de la opositora María Corina Machado en Caracas.