El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado la importancia de una estrecha colaboración con ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para analizar individualmente cada solicitud de asilo de los saharauis en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con el respaldo final del Poder Judicial
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MADRID, 1 Oct.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado la importancia de una estrecha colaboración con ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para analizar individualmente cada solicitud de asilo de los saharauis en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con el respaldo final del Poder Judicial para tomar decisiones sobre el reconocimiento de protección internacional o la expulsión de los solicitantes.
El ministro resaltó que la decisión se basa en la estricta aplicación del derecho internacional y humanitario, según el Convenio de Ginebra, asegurando que se estudian detenidamente cada caso para garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los solicitantes.
En respuesta a las recomendaciones de ACNUR sobre la entrada de los saharauis en España, Grande-Marlaska reiteró que la tutela final y definitiva corre a cargo del Poder Judicial, quien avala las decisiones tomadas por el Ministerio del Interior.
El ministro hizo hincapié en la labor de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que trabaja en estrecha colaboración con ACNUR para atender cada petición de protección internacional de manera individual y minuciosa, antes de que el Poder Judicial revise cualquier resolución adoptada.
Entre los solicitantes de asilo en el aeropuerto de Madrid-Barajas se encuentran casos especialmente delicados, como el de un hombre sordomudo de 30 años con cáncer, lo que destaca la importancia de abordar cada situación de forma cuidadosa y respetuosa con los derechos de los solicitantes.
En la actualidad, 115 solicitantes de asilo permanecen en las salas habilitadas en el aeropuerto, incluyendo 73 personas de Marruecos, sin que ninguno se encuentre en huelga de hambre, según fuentes del Ministerio del Interior.
El Gobierno ha reiterado su compromiso de actuar conforme a la legalidad nacional e internacional, respaldado por las autoridades judiciales, para deportar o devolver a aquellos solicitantes de asilo que no cumplan con los criterios establecidos para recibir protección internacional, como parte de un proceso de tramitación transparente y justo.
Las críticas de algunos sectores políticos y de la sociedad civil no han detenido el avance de las medidas adoptadas en el marco de la crisis de los solicitantes de asilo en Barajas, que viene generando tensiones en las instalaciones aeroportuarias y ha requerido la intervención del Gobierno para evitar posibles conflictos y garantizar una gestión adecuada de la situación.
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