En un reciente pronunciamiento que ha generado revuelo en el ámbito político, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha criticado abiertamente a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Según él, estos jueces están actuando con motivaciones políticas, especialmente en relación con la reciente decisión sobre la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Maíllo califica la publicación de la sentencia, que todavía no ha sido emitida formalmente, como un acto de "chulería" que refleja una supuesta "operación de Estado" destinada a desestabilizar al Gobierno actual.

Este comentario se produjo durante una entrevista en el programa 'Despierta Andalucía', transmitido por Canal Sur TV, donde se abordó la propuesta de Teresa Peramato como posible sucesora de García Ortiz. Aunque Maíllo admitió no conocer a Peramato en persona, no escatimó en elogios hacia su carrera, describiéndola como "impecable" y de "prestigio indiscutible" dentro de la Fiscalía.

No obstante, el líder de IU no perdió la oportunidad de señalar que el contexto de este cambio en la fiscalía es alarmante. La situación que ha llevado al relevo de García Ortiz, a su juicio, es un "escándalo" que debería avergonzar a todos. En sus declaraciones, hizo hincapié en que el fiscal ha sido condenado "sin pruebas" y en un proceso que a sus ojos carece de legitimidad, lo que pone en entredicho el papel de la justicia en el país.

Para Maíllo, lo que se ha producido es una "sentencia no sentencia", y mientras acepta la necesidad de un relevo en la Fiscalía, también subraya que no se debe ignorar la "operación vergonzosa" en contra de García Ortiz. Afirma que el juicio carece de evidencias concluyentes, lo que, según él, pone de manifiesto cómo ciertos jueces están interactuando con intereses políticos en vez de adherirse a su papel constitucional.

Finalmente, Maíllo advierte que las acciones de estos magistrados pueden tener consecuencias graves para la institucionalidad del Estado y califica la situación como un momento que quedará marcado por la "ignominia" de algunos sectores dentro de la Judicatura. Llama a los ciudadanos a tomar posición y rebelarse ante lo que considera una injusticia institucionalizada en el corazón del sistema judicial español.