Magistrados de toda España rechazan la revisión parlamentaria de la acción judicial por presunto 'lawfare'
MADRID, 10 Nov.
Unos 80 jueces decanos de toda España, incluidos los de Barcelona, Lleida, Girona, Madrid o la Audiencia Nacional, se han sumado al rechazo expresado por todas las asociaciones judiciales --tanto conservadoras como progresistas-- a la parte del acuerdo entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno que contempla una revisión parlamentaria de las decisiones judiciales para detectar supuestos casos de 'lawfare' y que se deriven "consecuencias".
En un comunicado conjunto, los jueces decanos han manifestado su desacuerdo con las referencias al 'lawfare o judicialización de la política' y las posibles consecuencias que se deriven de estas acciones. El comunicado se basa en el texto emitido previamente por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).
Las cuatro asociaciones han señalado que el acuerdo incluye cláusulas que permitirían el desarrollo de comisiones de investigación parlamentaria para determinar la existencia de casos de judicialización de la política, lo que podría implicar revisar los procedimientos y decisiones judiciales y erosionar así la independencia y separación de poderes del sistema judicial.
En respuesta a estas cláusulas, los jueces decanos han argumentado que los jueces deben estar sujetos únicamente a la ley, tal como lo establece el artículo 117.1 de la Constitución. Además, han afirmado que las expresiones que reflejan desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial no son aceptables, ya que el sistema judicial en España es independiente y no está sujeto a presiones políticas.
Es importante recordar que las tres asociaciones de fiscales --AF, UPF y APIF-- también han expresado su rechazo a estas comisiones parlamentarias, al igual que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que demuestra una respuesta inusualmente unánime por parte de jueces y fiscales.