En un revelador informe presentado por Alquiler Seguro, se advierte que un asombroso 83,8% de las viviendas de alquiler en España deberán destinar entre 10.000 y 20.000 euros para adecuarse a las nuevas exigencias normativas en materia de eficiencia energética. Este estudio, llevado a cabo en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Sociedad de Tasación, detalla la situación actual de las viviendas en relación con su consumo energético.

El escenario que se dibuja es preocupante: únicamente el 16,2% de los inmuebles alquilados poseen una calificación energética eficiente, es decir, etiquetas que van desde la A hasta la D. El resto, un abrumador 83,8%, han sido catalogadas como energéticamente ineficientes, lo que plantea un desafío significativo para los propietarios y para la política energética del país.

Entre las viviendas ineficientes, el 62,3% se encuentra en la categoría E, lo que significa que tienen un potencial de mejora en su eficiencia energética, mientras que un 21,5% ostenta las calificaciones F o G, que son las más bajas y las que requieren urgentemente rehabilitación, de acuerdo a las directrices impuestas por la legislación europea.

Las obligaciones derivadas de la normativa europea son claras y contundentes: se debe reducir el consumo energético en un 16% para el año 2030, un objetivo que se incrementará al 20% o 22% para 2035. Asimismo, se ha establecido que el 55% de esta reducción debe lograrse a través de la renovación del 43% de los edificios menos eficientes, lo que se traduce en una presión añadida sobre el sector de la vivienda.

El estudio de la Fundación Alquiler Seguro y la URJC revela que, al invertir cerca de 9.900 euros en mejoras, una vivienda clasificada como E podría disminuir la demanda de calefacción y refrigeración un 35%. Además, los autores del estudio estiman que esto podría traducirse en una reducción del consumo de energía primaria de entre el 30% y el 45%.

Si se busca alcanzar una mejora aún mayor del consumo energético, en un rango del 45% al 60%, se requeriría un presupuesto aproximado de 14.000 euros para cada propiedad. En el caso de querer superar una mejora del 60% en la eficiencia, introduciendo mejoras en aislamiento y sistemas de aerotermia, la inversión podría ascender hasta los 22.000 euros por vivienda.

El estudio subraya que estos tres escenarios de inversión no solo son viables, sino que son necesarios para avanzar hacia una sostenibilidad mejorada del parque inmobiliario en España, cumpliendo así los requerimientos establecidos por la Unión Europea para todos los Estados miembros.

Pasar de un inmueble con una calificación E, considerada deficiente, a uno con una etiqueta C, podría suponer un notable ahorro en las facturas de energía, que podría alcanzar hasta el 35%. Esto se debe a que las viviendas con etiqueta E gastan, de media, 1.483 euros anuales, en comparación con los 971 euros que consumirían aquellos hogares cuyo consumo energético se clasifica como C.

La diferencia en los gastos anuales también es notable al observar los extremos de la escala: mientras que un hogar con etiqueta A consume aproximadamente 661 euros al año, uno clasificado con etiqueta G puede llegar a desembolsar hasta 1.658 euros. Esta diferencia, que puede alcanzar los 1.000 euros, pone de relieve la importancia de la eficiencia energética no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico para las familias españolas.