En un desarrollo significativo relacionado con el mercado del alquiler, se ha establecido que los contratos firmados antes del 25 de mayo de 2023 continuarán actualizándose según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el Índice de Garantía de Competitividad (IGC). Esta medida busca brindar claridad a los inquilinos y propietarios en medio de un panorama financiero cambiante.

Desde el 2 de enero de 2025, todos los contratos de alquiler que hayan sido firmados post entrada en vigor de la Ley de Vivienda deberán utilizar un nuevo índice, diseñado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), para calcular la actualización de la renta anual. Esta disposición resulta de la reciente reforma legislativa que ha marcado un cambio en la gestión de los contratos de arrendamiento en España.

A partir de que el INE empiece a publicar este nuevo índice, se establecerá un límite claro para la revisión anual de las rentas de los contratos de alquiler. Dicho índice se presentará con dos decimales y tomará en cuenta los últimos datos mensuales disponibles, siendo este el parámetro que guiará la revalorización de los alquileres firmados desde la fecha mencionada.

El nuevo índice considera varios factores, entre ellos, el IPC y la inflación subyacente, así como los índices de crecimiento anual de ambos. Además, incluirá un parámetro sugerido por la Dirección General de Política Económica, que se relaciona con las proyecciones a largo plazo del índice, lo que implica un enfoque más sostenido y medido en la actualización de rentas.

Para equilibrar la situación del mercado de alquiler, se ha decidido aplicar un coeficiente moderador, a propuesta de las Direcciones Generales de Vivienda y Suelo y de Política Económica. Esta medida tiene como objetivo considerar las circunstancias actuales del sector, evitando así ajustes que puedan ser perjudiciales para alguna de las partes involucradas.

El índice de referencia a partir del cual se realizarán las actualizaciones anuales se determinará como el mínimo entre varias tasas de variación anual, incluyendo la del IPC y la inflación subyacente. Este enfoque busca mantener la estabilidad en los aumentos de renta en un periodo marcado por incertidumbres económicas.

La implementación de este índice es una respuesta directa a la disposición adicional undécima de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que establece que antes de que concluya el 2024, se debe contar con un índice que limite los incrementos en las rentas de arrendamiento, previniendo así aumentos excesivos que puedan repercutir en los inquilinos.

Este año ha sido testigo de restricciones extraordinarias en la actualización de las rentas, fijada en un 3% debido al efecto residual del conflicto en Ucrania, lo que ha impactado gravemente en la dinámica económica del país. Esta situación ha llevado a un enfoque cauteloso y regulado por parte del Gobierno.

No obstante, el Ejecutivo ha respondido con medidas adicionales, como la limitación de la actualización de contratos de arrendamiento a través de un Real Decreto-Ley, que remite la revisión de rentas para 2022 y 2023 al Índice de Garantía de Competitividad, fijando un tope del 2%. Es evidente que el Gobierno busca controlar la situación inflacionaria con una respuesta estructurada.

Por otro lado, los contratos previamente firmados antes de la implementación de la Ley por el Derecho a la Vivienda seguirán abiertos a la actualización anual basándose en el IPC o el IGC, dependiendo de lo que estipule cada contrato. Este enfoque busca respetar los acuerdos preexistentes, proporcionando así un puente entre el viejo y el nuevo régimen.

Fuentes del Ministerio de Vivienda han aclarado que la revalorización de las rentas para los contratos anteriores a mayo de 2023 se llevará a cabo utilizando la tasa de inflación correspondiente en cada actualización o el IGC, asegurando que así los inquilinos no enfrentarán aumentos excesivos, ya que este último índice nunca podrá sobrepasar el 2%.