En un informe encargado por Plena Inclusión se han detectado preocupantes "situaciones de indefensión" derivadas de la Ley 8/2021 que elimina la incapacitación judicial, como la pérdida de beneficios fiscales y de prestaciones sociales.

El estudio identifica diversas "lagunas y conflictos" normativos generados por la interpretación de esta norma, incluyendo la dificultad para acceder a productos bancarios, la pérdida de derechos laborales en convenios colectivos y la imposibilidad de acceder a la asistencia jurídica gratuita en casos de jurisdicción voluntaria.

Todo esto queda reflejado en el informe "Efectos colaterales de la Ley 8/2021 sobre la reforma de la legislación civil y procesal para abolir la incapacitación y garantizar los plenos derechos de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad intelectual y del desarrollo, para llevar a cabo diferentes actos jurídicos".

La presidenta de Plena Inclusión, Carmen Laucirica, ha alertado sobre los impactos negativos que esta ley está teniendo en los derechos adquiridos por las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, dejándolas en situaciones de vulnerabilidad. Esto se dio a conocer durante la presentación del informe en la sede del Consejo General de la Abogacía Española en Madrid.

El informe, elaborado por la entidad Gentium a solicitud de Plena inclusión, está destinado a profesionales del derecho, especialmente abogados, con el objetivo de facilitar la protección de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a través de asesoramiento legal y litigios.

Además, el documento proporciona a los profesionales del derecho diversas líneas de argumentación y defensa para evitar los efectos no deseados de la aplicación de esta ley.