En la capital española, el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado a su punto medio tras la culminación de las primeras tres sesiones. Este proceso está levantando un gran revuelo mediático debido a las impactantes declaraciones de los involucrados. Uno de los momentos más citados fue la desesperada afirmación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien llegó a decir: "me voy de España o me suicido". Esta afirmación fue el punto de partida para la controversia que rodea este caso.

Hasta ahora, se han presentado 20 testigos, incluyéndolo a él, fiscales y otros actores involucrados en la situación. En las próximas sesiones, se espera la declaración de otros 20 testigos, entre ellos el propio García Ortiz, lo que promete mantener el interés público y mediático en el proceso.

En la sesión inicial, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, preguntó a García Ortiz si se considera responsable de los cargos que se le imputan. La respuesta fue un contundente "no", posterior a lo cual el fiscal general guardó silencio. A pesar de su mutismo, otros testigos han ofrecido testimonios que han dejado huella.

Alberto González, en un momento de tensión, externó cómo esta situación lo ha afectado profundamente: "Para todo el mundo, desde ese día, pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. El señor García Ortiz me había matado públicamente", comentó, evidenciando el impacto personal del juicio en su vida.

En un giro dramático, González hizo un llamado desesperado al tribunal, afirmando: "O me voy de España o me suicido". El presidente del tribunal, manteniendo la compostura, respondió que no era recomendable ninguna de las dos opciones, sugiriendo que consultara con su abogado para mejores orientaciones.

Durante el tercer día del juicio, el periodista de elDiario.es, José Precedo, planteó un dilema moral considerable al afirmar que sabía de la inocencia de una persona que podría enfrentarse a una condena, aunque se negó a revelar su fuente. Esto llevó a una breve pero significativa interacción con el presidente del tribunal, quien le hizo notar la contradicción entre no querer revelar su fuente y amenazar con poseer información valiosa.

En un contexto más amplio, Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, desestimó la noción de secretismo en la comunicación relacionada con el caso de González Amador, alegando que no hubo advertencias sobre posibles filtraciones. Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, admitió que la falta de un acuerdo de conformidad entre las partes se debió a "órdenes de arriba", aunque aclaró que no contaba con evidencias que confirmaran su suposición.

Julián Salto, fiscal que investigó a González Amador, explicó en el tribunal el proceso que llevó a la entrega de correos relevantes para el caso, subrayando lo extraño que es que un fiscal ofrezca un pacto a un investigado, algo que nunca había hecho en sus dos décadas de carrera.

Durante el proceso, la ex secretaria de política institucional del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, dejó claro que no había recibido la comunicación clave que implicaba a la defensa de González Amador, enfatizando que su nombramiento no debería confundirse con un apoyo a una narrativa particular.

Por su parte, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, defendió su enfoque profesional, afirmando que prefería actuar con precaución y esperar a tener toda la información antes de emitir comunicados, mientras que se desarrollaba un diálogo irónico sobre los horarios de trabajo entre ella y la abogada del Estado.

En un ambiente cargado de tensiones y declaraciones fuertes, el juicio sigue capturando la atención nacional, mientras se desenvuelven acusaciones y defensas que prometen revelar más sobre las dinámicas del poder político y judicial en España.