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La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la legalidad de los acuerdos entre LaLiga y el fondo de capital riesgo CVC, rechazando los recursos del Athletic Club y Real Madrid CF. La resolución reafirma la validez de la operación, aprobada en 2021, que busca financiar a los clubes y potenciar la comercialización de derechos audiovisuales.

Este fallo se sitúa en un contexto de tensión entre los clubes y las instituciones que regulan el fútbol profesional en España. La operación, que ha generado polémica, pretende captar inversión mediante la creación de una sociedad filial, LGI, controlada mayoritariamente por LaLiga. Los clubes adheridos aportan recursos sin que ello implique cesión de derechos, según el tribunal.

Las implicaciones jurídicas y económicas son significativas. La sentencia garantiza la continuidad del acuerdo, que busca fortalecer la competición y mejorar la distribución de ingresos. Además, se aclara que los clubes no adheridos no soportan costes derivados, lo que refuerza la percepción de neutralidad económica.

Desde una perspectiva política, la resolución llega en un momento en que el gobierno y LaLiga buscan consolidar un modelo de financiación que asegure la competitividad del fútbol español. La ratificación judicial refuerza la posición de LaLiga frente a posibles obstáculos regulatorios o judiciales futuros.

El fallo también subraya la importancia de la gestión interna de LaLiga en la creación y control de LGI, garantizando su capacidad de gestionar derechos y comercialización. La operación, por tanto, no compromete la estructura de poder en la entidad ni la distribución de control.

En el horizonte, esta decisión puede influir en futuras operaciones similares y en la regulación del sector. La sentencia refuerza la tendencia a buscar alianzas estratégicas para financiar el desarrollo del fútbol profesional, en un contexto de cambios regulatorios y de mercado.