La Unión Europea inicia el año 2025 bajo un marco regulador de rigurosas exigencias medioambientales, específicamente con la implementación de la normativa conocida como 'CAFE' (Corporate Average Fuel Economy). Esta legislación estipula que las emisiones de dióxido de carbono de los automóviles vendidos en los 27 estados miembros deben reducirse a 93,6 gramos por kilómetro, un objetivo ambicioso que refleja la creciente presión para mitigar el impacto ambiental del transporte.

Además, los fabricantes que no logren cumplir con estos estándares se enfrentarán a sanciones sustanciales, con multas que podrían ascender a 95 euros por cada gramo que exceda el límite establecido. Este escenario abre la posibilidad de que las marcas automovilísticas vean afectadas sus finanzas con multas que podrían alcanzar cifras multimillonarias, en un contexto donde la competencia es feroz y la innovación es crucial para la supervivencia en el mercado.

A partir de 2025, la normativa 'CAFE' exigirá que la media de emisiones de CO2 de cada fabricante disminuya un 15% en comparación con los niveles de 2020. Para 2030, el umbral se ajustará aún más, fijándose en 49,5 gramos de CO2 por kilómetro. Todo ello se alinea con el objetivo de la UE de implementar, para el año 2035, una prohibición de facto sobre la venta de vehículos de combustión interna, tanto de gasolina como de diésel, en un intento por promover la movilidad eléctrica y una economía más verde.

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha solicitado mayor claridad respecto al empleo y las inversiones dentro del sector, advirtiendo que la falta de estas podría perjudicar seriamente la competitividad de Europa en el ámbito automotriz. A pesar de los retos, la industria sigue comprometida con la meta de lograr la neutralidad climática para 2050, y la transición hacia una movilidad cero emisiones se presenta como un objetivo ineludible.

Los líderes de la industria automotriz han señalado que, contrariamente a la situación de hace cuatro años, cumplir con los nuevos objetivos de reducción de CO2 demandará una coordinación efectiva de factores que escapan al control de los fabricantes. En este momento, las ventas de vehículos eléctricos se encuentran estancadas en un 13% de la cuota de mercado, cifra que está 10 puntos porcentuales por debajo de lo requerido, lo cual plantea serias dudas sobre la capacidad de la industria para adaptarse a este cambio radical en el corto plazo.

Las estimaciones sobre el posible impacto financiero de las sanciones por incumplimiento varían considerablemente, con la industria calculando que estas podrían oscilar entre 10.000 y 16.000 millones de euros. Sin embargo, algunas fuentes del mercado sugieren que, en un escenario más optimista, el total podría limitarse a 5.100 millones de euros, lo que indica una notable incertidumbre en torno a este tema.

A la par, los directivos consultados han alertado sobre el riesgo de que la industria automotriz sufra una pérdida de hasta 16.000 millones de euros en capacidad de inversión, ya sea por multas, disminución de producción, alianzas con competidores más fuertes o la venta de vehículos eléctricos a un costo que no cubre la inversión. Hasta la fecha, los miembros de la ACEA han comprometido una ingente suma de 250.000 millones de euros para la transición a la movilidad eléctrica.

Con las cifras actuales de ventas de vehículos eléctricos, los fabricantes se verán compelidos a reducir la producción de 2,5 millones de coches de combustión si desean eludir las sanciones previstas por el Ejecutivo comunitario. Esta difícil elección puede dejar a muchos en una encrucijada complicada.

En un intento por frenar la aplicación de estas estrictas normativas, algunos gobiernos europeos han ejercido presión sobre Bruselas. Francia, por ejemplo, ha tratado de formar una coalición entre capitales en contra de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, buscando evitar sanciones a los fabricantes. Asimismo, Italia ha solicitado una revisión minuciosa de la normativa, argumentando que podría llevar a un "colapso" de la industria automovilística en la UE.

Por su parte, Rumanía, donde Dacia, parte del grupo Renault, no cuenta con modelos eléctricos de batería en su oferta, a excepción del Spring importado de China, ha manifestado que las metas de electrificación propuestas por la UE son desmesuradas y podrían desestabilizar su economía automotriz.