En un giro alarmante que ha captado la atención internacional, la Unión Europea ha expresado su firme desacuerdo este sábado frente a lo que considera una clara persecución política hacia el superintendente de la Administración Tributaria de Guatemala, así como hacia el Movimiento Semilla, partido asociado al presidente Bernardo Arévalo, que recientemente ha sido suspendido. Esta declaración subraya la creciente preocupación europea sobre la independencia y la integridad del sistema judicial guatemalteco, especialmente a la luz de los eventos que han seguido a las elecciones de 2023.

La UE ha reiterado su inquietud ante la instrumentalización de las instituciones judiciales en Guatemala, un proceso que, según ellos, amenaza los cimientos de la gobernanza democrática y del estado de derecho en el país. Este contexto de inestabilidad se ha agravado tras el reciente ciclo electoral, dejando en entredicho los principios democráticos fundamentales.

Organizaciones de renombre que se especializan en derechos humanos, como Human Rights Watch, también han alzado la voz en las últimas semanas, alegando que la fiscal general, María Consuelo Porras, quien es una estrecha colaboradora del expresidente Alejandro Giammattei, ha iniciado una serie de acciones en contra de funcionarios del gobierno actual. Se afirma que estas acciones se basan en “evidencias dudosas”, lo que genera un clima de temor y represalias en la esfera política guatemalteca.

La persecución se evidencia con la investigación en curso contra Marco Livio Díaz Reyes, un acta que surge mientras su agencia se encuentra bajo el escrutinio de más de 400 empresas acusadas de evasión fiscal. La situación del Movimiento Semilla se complica aún más con la reciente decisión del juez Fredy Orellana, quien en noviembre suspendió la personalidad jurídica del partido a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), lo que levantó nuevas alarmas sobre la integridad del proceso democrático en el país.

En este contexto, la Unión Europea ha recordado que el Consejo Europeo ha decidido prorrogar hasta el 13 de enero de 2026 las medidas restrictivas impuestas a individuos que, a su juicio, han tomado acciones que socavan la democracia y el estado de derecho en Guatemala. Esta medida pone de relieve la postura firme de Bruselas frente a lo que consideran una crisis institucional en el país centroamericano.

Los Estados miembros de la Unión Europea han respaldado la imposición de sanciones a cinco personas, incluyendo a la fiscal general, tras señalar intentos desde el poder judicial para revertir los resultados de las elecciones y obstaculizar la instalación del presidente Arévalo. Esta dinámica, observada y reportada por múltiples instancias, refleja una tensión creciente entre el ejecutivo y la justicia guatemalteca.

Finalmente, el comunicado de la UE concluye enfatizando que el organismo mantendrá un seguimiento cercano de los acontecimientos en Guatemala y de cualquier esfuerzo que ponga en riesgo la democracia y el estado de derecho, con la esperanza de que la situación no se deteriore aún más en los meses venideros.