En un desarrollo reciente que ha sacudido la política canaria, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, presuntamente solicitó "pagos pendientes" durante su gestión como presidente del Gobierno de Canarias. Esta controversia involucra a la empresa Soluciones de Gestión, que, según las investigaciones, recibió contratos de suministro de mascarillas de manera irregular.

El informe de la UCO, obtenido por Europa Press, ha sido presentado ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien está a cargo del caso que involucra a Koldo García. Este personaje ha sido señalado como alguien con considerable "influencia" en el ámbito administrativo, lo que le habría permitido facilitar dichas peticiones de pagos a altos funcionarios, incluido el propio presidente de Canarias.

Los hallazgos de los investigadores incluyen una serie de mensajes que ilustran la poderosa red de influencias que operaba en la administración pública canaria. Estas comunicaciones indican que Koldo García, acreditado como un presunto intermediario en la trama, utilizaba su posición para asegurar que Torres se ocupara directamente de los reclamos financieros que involucraban a la empresa beneficiada.

En uno de los mensajes reveladores, Koldo comparte una captura de pantalla de una conversación con Torres, donde el ministro le asegura que "estoy encima de tu pago", al tiempo que le informa que planea contactar a Antonio Olivera para discutir el asunto. A pesar de los múltiples problemas previamente documentados con las mascarillas, Torres menciona que "ya está validado el material".

La UCO también ha detallado que el coste de las mascarillas adquiridas por la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud a Soluciones de Gestión suma un total de 12.317.580,24 euros, lo que añade un peso significativo a las acusaciones que se están investigando en este escándalo político.