El gobierno de España está trabajando en una modificación del complemento de pensión cuyo fin es igualar los requisitos de acceso para hombres y mujeres, como parte de un esfuerzo por reducir la brecha de género en este ámbito. Esta reforma se está gestando en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y marca un importante cambio en la forma en que se han considerado las pensiones y sus complementos en función del género.

Actualmente, las mujeres que han contribuido a una pensión de jubilación y que han sido madres pueden acceder a un complemento especial. Sin embargo, con la nueva propuesta, ya no será suficiente ser madre para recibir este beneficio. La intención es establecer criterios homogéneos que sean aplicables a ambos géneros, eliminando así las ventajas que hasta ahora se han otorgado de manera exclusiva a las mujeres.

Uno de los principales objetivos de esta reforma es responder a un fallo del Tribunal Supremo, emitido en julio, que exige que todos los beneficiarios—sin importar su género—tengan derecho a este complemento bajo las mismas condiciones. La normativa actual, que exige requisitos adicionales a los hombres para acceder a este complemento, ha sido considerada discriminatoria por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Como parte de los cambios, la modificación del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social permitirá que tanto hombres como mujeres que se acojan a una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente tengan derecho a un complemento por cada hijo, siempre que hayan visto afectada su carrera profesional debido al nacimiento o la adopción. Estos nuevos criterios de elegibilidad son un paso hacia la igualdad en las pensiones.

El borrador de la reforma establece que los solicitantes deberán cumplir una serie de condiciones específicas, como haber tenido un período sin cotizar o haber experimentado una reducción significativa en sus bases de cotización tras el nacimiento de un hijo. Esta aclamada igualdad de condiciones busca asegurarse de que tanto hombres como mujeres tengan acceso a las mismas prestaciones económicas.

El complemento se podrá reclamar por cada hijo de manera independiente, aunque sólo uno de los progenitores podrá percibirlo por cada niño. El mecanismo de solicitud se basa en quién lo pida primero y quién cumpla los requisitos establecidos, creando un sistema que prioriza la equidad por encima de otros factores.

Además, las personas en situación de viudedad también podrán beneficiarse de este complemento, siempre y cuando el fallecido cumpliera las condiciones pertinentes. Esto abre una nueva puerta para asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su historia familiar, puedan tener soporte en sus pensiones.

El importe del complemento será determinado anualmente, siguiendo los lineamientos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y podrá alcanzar un máximo de cuatro veces el importe establecido por cada hijo. Este enfoque busca mantener la sostenibilidad del sistema a la vez que se proporciona un apoyo financiero significativo a los beneficiarios.

Es la segunda vez que se llevan a cabo reformas en este complemento con el propósito explícito de cerrar las brechas de género en las pensiones. Anteriormente, la legislación que favorecía exclusivamente a mujeres por su contribución demográfica había sido objeto de críticas durante la sentencia del TJUE en 2019, que consideró que dicha normativa resultaba discriminatoria con respecto a los hombres en situaciones similares.

Desde que se implementó la normativa actual, más de un millón de pensiones han sido complementadas, gran parte de las cuales han sido solicitadas por mujeres. En octubre, el 83,6% de los beneficiarios de este complemento eran mujeres, reflejando la relación directa entre el género y el acceso a beneficios en el sistema de pensiones.

Este complemento, que está en vigor desde febrero de 2021, se otorga desde el primer hijo en adelante y debe ser solicitado en el momento de pedirse la pensión. La intención del gobierno es seguir revisando y adaptando la legislación para asegurarse de que todos los ciudadanos, sin distinción, reciban un trato justo y equitativo en el ámbito de las pensiones.