La polémica ley de amnistía abarca más de una década del proceso independentista catalán, desde 2012 hasta hoy.
Un proyecto de ley ha sido presentado en el Congreso de los Diputados de España, con la intención de conceder una amnistía al independentismo catalán por los eventos relacionados con el 'procés' que tuvieron lugar desde enero de 2012 hasta noviembre de 2023. Esta propuesta abarca un período de 11 años e incluye la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los disturbios posteriores a la sentencia del 'procés'.
La amnistía propuesta cubriría delitos como usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación, todos ellos relacionados con la secesión o independencia de Cataluña. Se busca exonerar a aquellos que llevaron a cabo acciones durante las consultas celebradas en Cataluña en ese período, tanto en la preparación como en las consecuencias de las mismas.
En el texto de la propuesta se destaca que los jueces deben aplicar la amnistía de manera preferente y urgente, con un plazo máximo de dos meses para tomar las decisiones. Se hace énfasis en que los recursos presentados no tendrán efectos suspensivos.
De acuerdo con la proposición, la responsabilidad de aplicar la amnistía recaerá en los órganos judiciales, administrativos o contables especificados en la ley, quienes tomarán las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta, sin importar el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable correspondiente. Dichas decisiones deberán adoptarse en un plazo máximo de dos meses, sin que los recursos presentados tengan el poder de suspender su ejecución.