En una decisión sin precedentes, la mayoría del Consejo Fiscal ha instado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a renunciar a su cargo después de que el Tribunal Supremo (TS) acordara abrir una causa en su contra por presunta revelación de secretos. Esta acción ha sido motivada por las acusaciones del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Según fuentes dentro del Ministerio Público, tanto los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) como el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) --que constituyen la mayoría del Consejo Fiscal-- han pedido la dimisión de García Ortiz, ratificando así su posición a través de comunicados oficiales.
Por otro lado, García Ortiz ha recibido el respaldo de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de las dos vocales natas dentro del Consejo. Estos vocales de la UPF han manifestado su apoyo al fiscal general, destacando que la exposición razonada al Tribunal Supremo no reveló ningún secreto inexistente, lo que respalda su decisión de mantenerse en su cargo.
Ante las críticas y solicitudes de dimisión, los vocales de la UPF han defendido la integridad y la legalidad de las acciones de García Ortiz, dejando claro que cualquier intento de destitución sería injustificado y perjudicial para la institución.
En un comunicado, los vocales de la UPF han expresado su descontento por la falta de cohesión interna en el Consejo Fiscal y han resaltado la importancia de mantener la integridad y la moral en el desempeño diario de sus funciones. Destacan que el trabajo de todos los fiscales en la institución es de valor y no debe ser socavado por motivos ajenos a su labor.
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