En un nuevo desarrollo legislativo que seguramente generará controversia, el Congreso de España se prepara para discutir esta semana un ambicioso proyecto de ley que obligará a las grandes empresas a ofrecer atención al cliente en varias lenguas cooficiales del país. Esta norma, conocida como la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, se encuentra en su etapa final antes de ser enviada al Senado para continuar su tramitación.

El debate se centrará en un texto que establece requisitos específicos para las empresas de más de 250 empleados, con facturaciones que superen los 50 millones de euros o que ofrezcan servicios considerados de interés general. Estas entidades estarán obligadas a atender a sus clientes en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas donde operen, en un esfuerzo por garantizar el acceso a la atención en el idioma que el consumidor elija.

Propulsada por el Ministerio de Consumo, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, la iniciativa tiene como meta asegurar que el 90% de las llamadas a las grandes empresas sean atendidas en menos de tres minutos y que se limite el empleo de sistemas automatizados en la atención al cliente, buscando así una mayor calidad en el servicio.

A pesar de la postura de bloqueo que Junts ha anunciado hacia la actividad legislativa del Gobierno, la formación catalana ha manifestado su apoyo a esta legislación, argumentando que existe un acuerdo previo que justifica su respaldo a la norma.

El proyecto contempla que cualquier usuario que resida en comunidades con lenguas cooficiales podrá solicitar atención en su idioma, siempre que la empresa opere en estas regiones y el idioma solicitado sea oficial. De esta manera, se busca respetar el derecho de los consumidores a comunicarse en su lengua materna.

La ley también establece que las quejas o solicitudes de información podrán ser presentadas en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales, reforzando así el acceso a servicios en un contexto multilingüe en las comunidades autónomas.

Entre las modificaciones discutidas en comisión se incluye la regulación del sector de juegos de apuestas, donde la figura del 'influencer' hará su entrada en la legislación. Una enmienda pactada por PSOE, Sumar y ERC define a estos personajes como aquellos con un reconocimiento significativo en la sociedad, lo que plantea interrogantes sobre la influencia y responsabilidad de estos agentes en el ámbito del juego.

La nueva legislación sobre el juego también establece que únicamente los clientes con al menos treinta días de haber abierto su cuenta podrán beneficiarse de las promociones ofrecidas por los operadores. Asimismo, a partir de ahora, los operadores de juego deberán aceptar solo medios de pago nominativos que pertenezcan al jugador y mantener cuentas separadas para gestionar los fondos de los usuarios, lo que añade una capa de seguridad y transparencia en el sector.

Además, la normativa introducirá un registro de proveedores de servicios de juego, garantizando que solo aquellos con la licencia correspondiente puedan operar en el país, en un esfuerzo por proteger a los consumidores y fomentar la legalidad en este ámbito.

Otra de las medidas aprobadas en comisión busca frenar las llamadas no deseadas. Las grandes empresas deberán utilizar un prefijo específico en sus llamadas comerciales, mientras que las operadoras de telefonía estarán obligadas a bloquear las que no cumplan con este requisito. Las leyes también estipulan que los contratos cerrados durante estas llamadas sin consentimiento serán considerados nulos.

No obstante, la nueva regulación también contempla ciertas excepciones, liberando a las comercializadoras de luz, gas y servicios telefónicos con menos del 5% de cuota de mercado del requisito de ofrecer servicio de atención al cliente durante las 24 horas, lo que podría ser visto como una concesión para las pequeñas empresas en el sector.