El reciente enfrentamiento dentro del Gobierno se ha intensificado tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en el Consejo de Ministros, que tuvo lugar el pasado martes. La coalición Sumar ha manifestado su firme oposición a la norma debido a la restricción de la acusación popular que incluye el proyecto, lo que podría desembocar en un significativo obstáculo cuando la ley sea discutida en el Congreso.

En un comunicado difundido el mismo día de la aprobación, Sumar ha dejado claro su rechazo a cualquier limitación del ejercicio de la acusación popular, un derecho que permite a asociaciones, sindicatos y ciudadanos en general presentar cargos en ciertos casos. Este desacuerdo ha sido comunicado directamente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el socio mayoritario del Gobierno.

El pequeño socio de la coalición ha argumentado que la acusación popular ha sido un recurso fundamental en los últimos años para garantizar la supervisión de la sociedad civil sobre los abusos perpetrados tanto por el poder político como por el económico. Sumar sostiene que este mecanismo es esencial para la defensa de los derechos ciudadanos y la rendición de cuentas.

Asimismo, Sumar ha subrayado la necesidad de que la nueva ley incorpore más elementos que garanticen los derechos fundamentales en el marco del debido proceso, además de facilitar el uso de las lenguas cooficiales del Estado. Estos puntos son vitales para asegurar que la justicia sea accesible y se respete la diversidad lingüística y cultural del país.

En resumen, Sumar se posiciona en contra de cualquier intento de restringir la acusación popular y ha anunciando su intención de trabajar en el fortalecimiento de este derecho, así como de incluir más garantías en la futura legislación. Su postura indica una clara división dentro del Ejecutivo, que podría complicar la aprobación definitiva de la ley en el Congreso.