El magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez Achútegui, ha salido en defensa del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, al rechazar la idea de que éste deba dimitir. Rodríguez Achútegui argumenta que García Ortiz simplemente cumplió con su obligación al emitir un comunicado para desmentir lo que él considera un "bulo".

BILBAO, 17 Oct.

Según Rodríguez Achútegui, el Tribunal Supremo no está buscando "ningún reproche" contra el Fiscal General al abrir una causa por la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En cambio, el alto tribunal estaría interesado en investigar el origen de la filtración de correos electrónicos relacionados con las negociaciones entre el demandante y la Fiscalía para reducir su pena por delitos económicos.

Para el magistrado, García Ortiz no debería renunciar a su cargo, ya que la Fiscalía realizó lo que él considera "su obligación" al emitir un comunicado para desmentir lo que llama un "bulo". Señala que el auto del Tribunal Supremo no implica ninguna crítica al Fiscal General, sino que busca esclarecer el origen de la filtración de los correos antes de las actuaciones reprochables a la Fiscalía, alega Rodríguez Achútegui.

En su opinión, Álvaro García Ortiz no tiene motivo para renunciar debido a la investigación abierta por el TS. Defiende que el Fiscal General cumplió con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al informar a la opinión pública sobre instrucciones penales relevantes para la sociedad, como lo hizo con el comunicado.

Rodríguez Achútegui afirma que la controversia se ha generado a raíz de los intentos del entorno de la pareja de Ayuso por justificar lo injustificable, que sería el reconocimiento de delitos contra la hacienda pública. Destaca que la pareja buscó un acuerdo con la Fiscalía para reducir la pena, pero que ahora se intenta cambiar el foco de la discusión hacia la filtración de correos electrónicos previamente públicos.

El magistrado establece que la pareja de Ayuso es responsable de un delito, pero la Fiscalía General simplemente cumplió con su deber al informar de estos hechos frente a los bulos difundidos desde el entorno de la persona implicada. Insiste en que la investigación deberá determinar el origen de la filtración de los correos públicos antes de la actuación de la Fiscalía.