En un reciente pronunciamiento, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha revelado preocupantes prácticas laborales que han surgido a raíz de la DANA que afectó a diversas regiones. Este jueves, durante una rueda de prensa, Pérez Rey subrayó que “alguna otra empresa” está forzando a sus empleados a recuperar horas de trabajo no laboradas durante el fenómeno meteorológico, lo cual ha provocado la intervención inmediata de la Inspección de Trabajo.

La situación se torna más dramática con el caso específico de Digi en Málaga, una empresa que ha sido denunciada por los sindicatos por obligar a sus trabajadores a compensar las horas que no pudieron trabajar debido a las intensas lluvias que azotaron la provincia. Esta denuncia ha encendido las alarmas sobre las condiciones laborales en momentos de crisis.

En su intervención, Pérez Rey manifestó la necesidad de mantener altos estándares de comportamiento ante catástrofes naturales, indicando que el Ministerio de Trabajo no escatimará recursos para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actúe con firmeza en cualquier parte del país, ya sea en Málaga, Valencia o donde sea necesario, para salvaguardar los derechos de los trabajadores de conductas empresariales que resulten inadmisibles.

Asimismo, el secretario de Estado hizo hincapié en el impacto que ha tenido la DANA en las condiciones laborales de los trabajadores. Se han abierto más de un centenar de expedientes contra empresas en áreas afectadas que han incumplido la normativa laboral, siendo la mayoría de estos incidentes relacionados con accidentes laborales que han ocurrido debido a la exigencia de acudir al lugar de trabajo incluso cuando las condiciones de transporte eran peligrosas.

Pérez Rey también resaltó que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha implementado un robusto marco de protección laboral para amparar tanto a las empresas como a los trabajadores afectados por la DANA. Hasta la fecha, más de 22.000 trabajadores han sido asistidos mediante ERTEs, lo que garantiza que no perderán sus empleos, y también se han beneficiado más de 2.000 empresas que reciben protección en este difícil contexto.

El secretario de Estado argumentó que el despliegue de recursos públicos y medidas de protección social tiene como objetivo garantizar la seguridad y estabilidad laboral de los ciudadanos. En su opinión, resulta “intolerable, ilegal y moralmente inaceptable” que algunos empleadores hayan puesto en riesgo la vida de sus trabajadores al forzarlos a acudir a sus puestos de trabajo durante una situación de emergencia como la DANA.