La Iglesia aplaude la solicitud del Defensor para indagar abusos a menores bajo tutela y reclama exenciones fiscales en indemnizaciones.

La Iglesia en España ha acogido con satisfacción la solicitud del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para investigar la explotación sexual de menores bajo tutela, como se expone en el informe presentado por el Defensor en el Congreso en marzo de 2025. Al mismo tiempo, la institución religiosa ha vuelto a solicitar la exención fiscal para las indemnizaciones destinadas a las víctimas de abusos.

Así lo indicaron a Europa Press representantes de la Conferencia Episcopal Española (CEE), quienes destacaron que esta solicitud forma parte de un acuerdo firmado el 8 de enero con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Este acuerdo busca establecer una nueva ruta para que las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica puedan obtener reparaciones sin recurrir al sistema judicial convencional.

La CEE puntualiza que continúa presionando para obtener la exención fiscal de las compensaciones a las víctimas de abusos, una medida que hasta el momento se aplica solo en Navarra. En el contexto del acuerdo, fuentes cercanas a las negociaciones subrayan la importancia de evitar duplicaciones en la gestión de los casos, tal como se estableció en el pacto del pasado 8 de enero.

Desde la Iglesia, se reitera que el Plan de Reparación Integral a menores y personas con derechos similares, afectadas por abusos sexuales (PRIVA), no representa una obligación legal ni cuenta con un marco jurídico específico. Este programa se considera, en cambio, como una acción de carácter moral por parte de la Iglesia para apoyar a las víctimas que no pueden acudir a la justicia.

La Iglesia defiende que este procedimiento ofrece un mecanismo efectivo para acoger a las víctimas, brindándoles reparaciones que superan lo estipulado en las sentencias civiles. Además, destaca que el proceso permanecerá abierto incluso si no se lograra un acuerdo, dado que la propuesta incluye un enfoque integral que atiende tanto a la reparación económica como al acompañamiento emocional y social.

El objetivo de colaborar con el Defensor del Pueblo es facilitar el acceso para aquellas víctimas que prefieren no dirigirse directamente a la Iglesia, asegurando un sistema complementario, aunque no alternativo. Según los obispos, las condiciones deben ser equivalentes para todas las víctimas que busquen reparación.

Este convenio entre la Iglesia y el Gobierno debería haberse formalizado en febrero, de acuerdo con el acuerdo firmado el 8 de enero de 2025 por la CEE, la Conferencia Española de Religiosos y el Ejecutivo. Este acuerdo estaba diseñado para establecer un sistema mixto de reparación para las víctimas de abusos dentro del ámbito eclesial.

El documento estipula que, tras la formalización del acuerdo, las víctimas podrán comenzar a presentar sus solicitudes de indemnización en un plazo de un año, renovable por otro año, a contar desde la firma del convenio.

Además, se destaca que esta negociación deberá tener en cuenta la opinión de las víctimas y establecer un "estatuto básico" que defina el procedimiento y la organización para reconocer a las víctimas, así como las diversas formas de reparación integral, las cuales incluirán compensaciones de carácter restaurativo y simbólico, así como atención psicológica que podría extenderse a sus familias.

De acuerdo con el acuerdo, el desarrollo de este mecanismo de reparación formará parte del compromiso del Gobierno para cumplir los objetivos vinculados a la Ley Orgánica 8/2021, que busca la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

La Conferencia Episcopal Española sostiene que el Gobierno ha asumido el compromiso de enfrentar la reparación de víctimas de abusos en todos los sectores de la sociedad, en línea con las demandas de la Iglesia.

El 8 de enero, en una conferencia de prensa tras la firma del acuerdo, el presidente de la CEE, Luis Argüello, aseguró que se abre la posibilidad de que el desarrollo de la LOPIVI beneficie a otras áreas de la sociedad. Por su parte, el ministro Bolaños reafirmó que este acuerdo se centra exclusivamente en atender a las víctimas de abusos en el ámbito católico, enfatizando que no existen compromisos ajenos a esta temática.

Adicionalmente, el acuerdo incluye que la CEE y la CONFER mantendrán su propio sistema de reparaciones a través de una comisión asesora del PRIVA, que se estableció en 2024.