En un reciente comunicado, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha manifestado su inquietud por la situación en El Fasher, capital de la región sudanesa de Darfur Norte, donde las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han sido acusadas de cometer actos atroces tras su toma de control. Este mensaje llega luego de las alarmantes denuncias sobre posibles crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos en la zona.

Las autoridades del TPI han expresado su "profunda preocupación" ante informes que sugieren una serie de delitos graves, incluyendo "asesinatos masivos y agresiones sexuales". Estos hechos serían parte de un ciclo de violencia más amplio que asola Darfur desde abril de 2023, cuando estalló un conflicto armado entre las fuerzas armadas sudanesas y los paramilitares de las RSF.

Según la Fiscalía, si se verifican los informes sobre estas atrocidades, podrían considerarse crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma. Se aportan detalles sobre ejecuciones y sañas extremas, muchas veces documentadas por los propios perpetradores en plataformas digitales.

El TPI ha recordado que tiene jurisdicción sobre los crímenes en Darfur a raíz de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2005. La Fiscalía ha indicado que ya se encuentran en marcha investigaciones sobre los delitos que se han cometido tras el inicio de estas hostilidades.

El organismo internacional ha reiterado su compromiso de actuar “intensamente” ante esta crisis, lo que incluye la realización de misiones en el terreno y el fortalecimiento de la cooperación con grupos de víctimas y actores de la sociedad civil. Se están tomando "pasos inmediatos" para recopilar pruebas que puedan ser útiles en futuros juicios.

Además, se ha destacado la reciente imputación de un alto comandante de las milicias yanyauid, precursoras de las RSF, por crímenes similares ocurridos en 2004. Este hecho se presenta como una advertencia para que todas las partes involucradas en el conflicto comprendan que se enfrentarán a rendición de cuentas por sus acciones.

Naciones Unidas también ha emitido alertas sobre las "atrocidades" perpetradas por las RSF desde que tomaron El Fasher, mencionando "ejecuciones extrajudiciales, asesinatos masivos y ataques a trabajadores humanitarios". En un contexto de telecomunicaciones deterioradas, la situación en el terreno se describe como un completo descontrol.

El portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seif Magango, advirtió que el número de fallecidos entre civiles podría estar en cifras escalofriantes, ascendiendo a cientos desde el inicio de los ataques de las RSF.

A pesar de su historial de violencia, las RSF han declarado que están tomando medidas contra algunos de sus miembros, incluyendo un comandante que apareció en vídeos sobre ejecuciones, tras el reconocimiento por parte de su líder, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como 'Hemedti', de que existen abusos a investigar.

La guerra civil en Sudán tiene sus raíces en profundas divisiones relacionadas con la integración de estas fuerzas paramilitares en el ejército nacional, un desacuerdo que desmoronó el proceso de transición que surgió tras la caída en 2019 de Omar Hasán al Bashir, un proceso aún más comprometido por el golpe que derrocó al primer ministro Abdalá Hamdok en 2021.

Este conflicto ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias a nivel global, con millones de personas desplazadas y un creciente riesgo de propagación de enfermedades. La situación se agrava por la destrucción de infraestructuras críticas, que dificultan el acceso a asistencia humanitaria para cientos de miles de afectados.