En Madrid, el 25 de noviembre, se ha dado a conocer la iniciativa de María José García-Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), quien tiene previsto solicitar en la reunión de este lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una revisión del actual sistema de financiación local. Según García-Pelayo, este sistema se encuentra desactualizado al no ser revisado desde el año 2002, lo que lo convierte en un modelo "totalmente antiguo y obsoleto".

La presidenta de la FEMP ha destacado que asistirá a este encuentro con la firme intención de representar "una única voz" ante el Gobierno. La propuesta de financiación que llevará a Sánchez no solo expresará sus propias inquietudes, sino que también será un reflejo de las demandas de los 8.132 ayuntamientos del país, independientemente de su inclinación política. García-Pelayo enfatiza que existe un consenso generalizado entre los alcaldes y alcaldesas de España sobre la necesidad de esta reforma.

Durante una reciente declaración a RNE, que fue recogida por Europa Press, la líder de la FEMP expresó su esperanza de ser escuchada tras muchos años de espera. Ella subrayó que el sistema actual de financiación local no solo es inadecuado por su antigüedad, sino que además no se ajusta a las necesidades reales de los municipios, lo que implica una carencia de recursos para llevar a cabo la prestación de servicios esenciales.

García-Pelayo, quien también ocupa el cargo de alcaldesa de Jerez de la Frontera, ha manifestado su descontento respecto a que en las últimas dos décadas se ha priorizado la negociación sobre la financiación autonómica, dejando de lado la financiación local. De hecho, añadió que en este momento podría ser más fácil llegar a un acuerdo sobre la financiación local que sobre la autonómica.

Es importante resaltar que García-Pelayo ha señalado la necesidad de incluir a las comunidades autónomas en las discusiones sobre financiación local. En su opinión, es esencial que el Estado otorgue a los municipios una mayor participación en los ingresos, pero también es necesario que las comunidades autónomas realicen un esfuerzo en este ámbito.

La FEMP ha puesto de relieve que los ayuntamientos son responsables de competencias propias, a menudo con escasos recursos. Además, se les asignan cada vez más funciones que corresponden a otras administraciones, lo que genera presión sobre sus capacidades.

Por esta razón, la organización demanda que se establezca por ley una clarificación sobre las competencias que deben gestionar los municipios y los recursos que requieren para hacerlo adecuadamente. García-Pelayo afirmó que, en la actualidad, los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano, lo que subraya la urgencia de abordar estas cuestiones.

Asimismo, la FEMP ha planteado que el Gobierno debe brindar más recursos en áreas críticas como la vivienda, el transporte público, la atención a la inmigración y políticas sociales, incluyendo medidas para combatir la violencia de género. También han exigido una moratoria sobre la tasa de residuos, reflejando así una preocupación integral por el bienestar y la calidad de vida en los municipios españoles.