La FAPE exige al Gobierno medidas estrictas para proteger el derecho a la información.

El Gobierno español ha sido instado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) a implementar medidas que garanticen la transparencia, la pluralidad de los medios, el sistema de financiación y la independencia de los periodistas en su labor informativa. Estas acciones son cruciales para salvaguardar el derecho a la información veraz, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española, y son fundamentales para preservar la democracia y el Estado de Derecho.

Tras la aprobación del Plan de Acción por la Democracia por parte del Consejo de Ministros, la FAPE ha expresado su apoyo a las tres líneas de actuación propuestas.

La FAPE pide que la aplicación del nuevo Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación frene la desinformación y promueva un periodismo ético y honesto, basado en la veracidad y no en la línea editorial de los medios.

La organización destaca la importancia de establecer criterios claros para definir qué constituye un medio de comunicación, con el objetivo de garantizar el acceso a información veraz para los ciudadanos y de asegurar condiciones laborales adecuadas para los profesionales de los medios.

La FAPE respalda la reforma de la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y equidad en la asignación de publicidad, incluyendo la medición de audiencia como parámetro objetivo en la distribución de ayudas públicas.

Además, la organización valora la propuesta de establecer una ley de secreto profesional para los periodistas como forma de proteger las fuentes de información, y defiende su participación en la comisión de expertos encargada de abordar reformas legales que afecten a la libertad de prensa y a los medios de comunicación.

En vista de las medidas presentadas por el Gobierno tras su reunión de Consejo de Ministros, se espera la creación de un registro de medios de comunicación que incluirá información sobre su propiedad e inversión publicitaria, así como la publicación anual de la inversión publicitaria de las administraciones públicas.

Otras iniciativas incluyen la reforma de la Ley de Publicidad Institucional, la promoción de la Ley de secreto profesional de los periodistas, la Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación, y la modificación de los artículos del Código Penal que puedan afectar la libertad de expresión y la creación artística.

Finalmente, se establecerán límites a la financiación que las administraciones públicas pueden destinar a los medios de comunicación, con el objetivo de evitar la dependencia de dichos medios en relación con estas entidades.