MADRID, 26 de diciembre.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha manifestado su firme oposición a la solicitud que ha realizado el empresario Alberto González Amador ante el Tribunal Supremo. Esta petición, que busca investigar las comunicaciones de seis periodistas, ha sido calificada por la FAPE como un claro atentado contra el secreto profesional, un derecho que se encuentra reconocido en el artículo 20 de la Constitución, que garantiza también la protección de las fuentes periodísticas.

En un contundente comunicado emitido este jueves, la Federación ha expresado su esperanza de que el Tribunal Supremo desestime dicha solicitud. Según la FAPE, si el alto tribunal accede a la demanda de González Amador, esto subrayaría un conflicto entre dos pilares esenciales: la libertad de prensa y la privacidad de las fuentes de información.

González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que el Supremo ordene a las compañías telefónicas la conservación de registros de llamadas, datos de conexiones digitales y ubicaciones durante un periodo que abarca los últimos diez meses. Además, busca que la Guardia Civil investigue si los periodistas en cuestión contaban con fuentes dentro de la Fiscalía y que la Unidad Central Operativa realice una nueva revisión de los teléfonos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, para determinar si han mantenido comunicación alguna con los periodistas implicados.

Esta controversia involucra a cuatro periodistas de El Diario.es, uno de El Plural y otro de la Cadena SER, y se sitúa en el contexto de un caso por revelación de secretos que está siendo dirigido por un juez del Supremo en contra del fiscal general y la fiscal jefe de Madrid. El Tribunal Supremo investiga presuntos casos de filtración de un correo electrónico enviado a la Fiscalía, el cual refutaba una noticia errónea que aseguraba que la Fiscalía había ofrecido a González Amador un pacto que le evitaría cumplir pena de prisión.

La FAPE, manteniéndose al margen de las funciones judiciales, ha reiterado que las demandas de González Amador representan una grave violación de los principios fundamentales del periodismo, que están sustentados en el derecho a la información. Asimismo, ha condenado cualquier intento de coacción hacia los periodistas que desarrollan su labor en este marco normativo.