La Eurocámara refuerza su postura sobre deportaciones y aprueba centros de retorno tras acuerdo del PPE con la ultraderecha.

BRUSELAS, 26 de marzo.

El Parlamento Europeo ha tomado una decisión significativa este jueves al aprobar su posición para iniciar negociaciones sobre la reforma de la directiva de retorno, un mandato que refuerza el respaldo a los centros de deportación en naciones ajenas. Esta iniciativa ha sido respaldada principalmente por el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de ultraderecha, mientras que las facciones socialistas, verdes y de izquierda cuestionan su conformidad con los principios de derechos fundamentales.

La votación, que culminó con 389 apoyos, 206 rechazos y 32 abstenciones, establece que los solicitantes de asilo cuya petición sea rechazada están obligados a colaborar con las autoridades para facilitar su expulsión. Asimismo, se han propuesto plazos de detención para aquellos repatriados que no cooperen, los cuales podrían alcanzar hasta 24 meses, en caso de que las autoridades consideren que existe un riesgo de fuga.

Este régimen de detención podría extenderse incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños. Aunque los eurodiputados han subrayado que se busca aplicar tales medidas como un "último recurso" y por el período más breve posible, no se han establecido límites temporales inferiores a esa duración máxima de 24 meses.

En este contexto, será la legislación nacional la que defina los motivos para la detención y los tiempos correspondientes. Las autoridades judiciales serán las encargadas de tomar decisiones en la materia, y también se reconoce el derecho de los Estados miembros a ofrecer alternativas a la detención, tales como presentar informes periódicos, establecer una residencia fija o proporcionar una garantía financiera.

Además, cada país de la Unión deberá aceptar y ejecutar las decisiones de retorno y las órdenes de expulsión de otros Estados miembros antes del 1 de julio de 2027, según lo propuesto por la Comisión Europea. Así, el país donde se encuentre el individuo bajo la orden de expulsión será responsable de su regreso.

Por otra parte, se ha decidido eliminar una cláusula de la propuesta original que obligaba a los gobiernos a implementar medidas para identificar a los ciudadanos no pertenecientes a la UE que se encuentren en situación ilegal en su territorio.

Respecto a la prohibición de entrada para los migrantes a quienes se les niegue el asilo, el mandato reafirma que aquellos que no acaten la orden de retorno en el plazo estipulado se enfrentarán a la expulsión y podrán ser vetados en su reintegro a la comunidad europea por un período determinado, que podría incluso ser indefinido.

La postura adoptada por el Parlamento Europeo se alinea en gran medida con la propuesta de reforma de Bruselas y con el mandato acordado por los Estados miembros, buscando consolidar los centros de deportación para gestionar externamente el proceso de retorno de migrantes a quienes se les ha denegado el estatus de asilo, garantizando que permanezcan fuera del territorio europeo mientras se lleva a cabo su deportación definitiva.

Así, los eurodiputados han respaldado modelos similares a los que el gobierno italiano de Giorgia Meloni ha negociado con Albania, donde se trasladan migrantes sin derecho a asilo mientras se procesa su expulsión. También se reconoce que estos acuerdos pueden ser gestionados de manera bilateral por distintas naciones o incluso a nivel de la Unión.” Sin embargo, se ha insistido que los menores no acompañados no podrán ser enviados a estos centros fuera de la UE.

Los grupos de Socialistas y Demócratas (S&D), así como los Verdes y la Izquierda europea, llevaron a cabo esta votación buscando bloquear el inicio de las negociaciones al impugnar el mandato aprobado en la comisión entre el PPE y los grupos más radicales de Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas Europeos y la Europa de las Naciones. A pesar de sus esfuerzos, la mayoría garante de apoyo permitirá a los negociadores de la Eurocámara comenzar sus deliberaciones con el Consejo de la Unión European el mismo día de la votación.

Malik Azmani, un eurodiputado liberal de los Países Bajos, liderará las negociaciones en representación del Parlamento, a pesar de que su propio informe fue dejado de lado en favorecimiento de un documento más severo promovido por el 'popular' François-Xavier Bellamy y negociado en conjunto con la llamada "mayoría Venezuela".

Tras la votación, el Comité Internacional de Rescate (IRC) expresó que esta decisión representa un "grave retroceso para los derechos de los refugiados", instando a la UE a mantenerse firme en sus principios legales y éticos durante las próximas conversaciones. Por otro lado, Caritas Europa ha expresado su "profunda preocupación" y ha criticado a la Eurocámara por respaldar "medidas aún más restrictivas que amenazan la dignidad humana y los derechos fundamentales".

El Partido Popular ha sostenido en un comunicado que esta reforma ayudará a fortalecer la credibilidad de su política migratoria y a reducir la inmigración irregular a través de normas más estrictas y coordinadas. "No podemos avanzar hacia una política migratoria efectiva si no se cumplen las decisiones de retorno", ha afirmado Javier Zarzalejos, presidente de la comisión europarlamentaria de Libertades Civiles, Justicia e Interior y miembro del PP, quien argumenta que el nuevo reglamento es incompatible con la política de migración y regularización extraordinaria del Gobierno.

Por parte de Vox, su representante en la Eurocámara, Jorge Buxadé, ha aclamado el acuerdo de un mandato "más firme", destacando que, una vez aprobado, será de obligado cumplimiento para todos los Estados de la UE. Una transformación que, según él, brindará "autonomía" a los gobiernos nacionales para decidir sobre "deportaciones forzadas" cuando lo consideren necesario, sin atarse a una lista rígida de criterios impuestos por la Unión.

La vicepresidente de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, Ana Catarina Mendes, ha alertado que no se trata de un enfoque balanceado a nivel europeo, sino de un cambio político impulsado por el deseo del PPE de acercarse a la extrema derecha. Ha advertido que los derechos fundamentales establecidos en los Tratados no deben ser considerados "opcionales".

Mélissa Camara, eurodiputada por Los Verdes, quien había solicitado el aplazamiento de la votación para facilitar la negociación de un texto menos severo, ha calificado el resultado de "vergonzoso" y ha señalado que constituye una "traición a los valores fundamentales de la Unión Europea".