La Eurocámara discutirá en mayo la reforma migratoria en España.
BRUSELAS, 24 de marzo.
En mayo, la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo discutirá una queja relacionada con las "regularizaciones masivas de inmigrantes en los Estados miembros". Esta solicitud ha sido impulsada por el Partido Popular Europeo y Patriotas por Europa, quienes han instado a los eurodiputados a tratarlo con prontitud dado el contexto del reciente anuncio del Gobierno español sobre un proceso extraordinario de regularización.
La queja, presentada en febrero por una ciudadana de España, subraya la importancia de realizar evaluaciones exhaustivas del impacto social y económico antes de llevar a cabo este tipo de medidas. Además, insiste en la necesidad de implementar mecanismos de seguimiento para evaluar los resultados y una mayor transparencia de los Estados involucrados, con el fin de prevenir efectos no deseados en naciones vecinas.
En particular, la queja plantea preocupaciones acerca de “la posible implementación de regularizaciones masivas en los Estados miembros”, advirtiendo que estas acciones podrían intensificar la carga sobre los servicios públicos, como salud, educación y vivienda, afectando así la estabilidad del mercado laboral, especialmente en sectores con baja cualificación.
Durante una reciente reunión, los coordinadores de los diferentes grupos políticos dentro de la Comisión han hecho eco de la urgencia solicitada por el PPE y Patriotas por Europa, ante la situación que se vive en España. De acuerdo con fuentes parlamentarias, este asunto será objeto de debate en la sesión de PETI de mayo.
El pasado febrero, durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre la situación en España, el comisario de Migración e Interior, Magnus Brunner, dejó claro que la potestad sobre las políticas de regularización recae exclusivamente en los Estados miembros y que Bruselas no tiene voz en estas decisiones. No obstante, advirtió al Ejecutivo español que debe asegurarse de que la implementación de este proceso extraordinario no tenga "consecuencias negativas" en el resto de la Unión Europea.
Brunner, quien previamente había calificado la medida del Gobierno como una solución legal a la presencia de migrantes irregulares y una respuesta a las necesidades del mercado laboral, enfatizó ante la Eurocámara la importancia de encontrar un balance entre “solidaridad y responsabilidad”. Insistió en que, como principio general, los migrantes en situación irregular en la UE deben ser "retornados".
Asimismo, resaltó que un "permiso de residencia" no debe ser interpretado como un "cheque en blanco" para moverse por toda la Unión Europea, recordando que existen "reglas claras" que deben ser consideradas al implementar planes de regularización. Indicó que, si un beneficiario de la regularización es descubierto residiendo ilegalmente en otro Estado miembro, debe regresar al país donde le fue otorgado el permiso.
Ante esta situación, el Partido Popular ha defendido una evaluación "caso por caso", rechazando las regularizaciones masivas que podrían generar un “efecto llamada”. Además, ha criticado el proceso llevado a cabo por el Gobierno español, argumentando que se ejecuta “sin control”, “a ciegas” y sin la adecuada coordinación a nivel europeo, según las declaraciones de su vicesecretaria de Coordinación Sectorial y eurodiputada, Alma Ezcurra.