La reciente proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados ha suscitado un intenso debate, pues, entre otras medidas, propone la eliminación del delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Este cambio legislatativo, según información obtenida, estipula que la ley, una vez en vigor, se aplicará de manera retroactiva en beneficio de los convictos, alentando una revisión de casos similar a la implementada por la controvertida ley del 'solo sí es sí'.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fundamenta su propuesta en la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sostiene que la libertad de expresión abarca también aquellas ideas que pueden resultar ofensivas o perturbadoras. De acuerdo con el PSOE, las personas que profesan una fe no deberían esperar estar exentas de críticas a sus creencias, lo cual configuraría un marco jurídico más alineado con las prácticas democráticas contemporáneas.

Actualmente, el artículo 525 del Código Penal castiga a quienes, con intención de ofender a los miembros de una religión, realicen escarnios públicos sobre sus creencias, rituales o símbolos. Asimismo, se penaliza el escarnio hacia aquellos que no practican ninguna religión. Esta norma, en la perspectiva del grupo socialista, obstruye la libertad de expresión y, por ende, su derogación se presenta como una cuestión de justicia y modernización legal.

El texto de la proposición de ley enfatiza que, aunque se elimina el delito de ofensas a los sentimientos religiosos, esto no implica un debilitamiento de la protección del derecho a la libertad religiosa, establecido en el artículo 16.1 de la Constitución Española. Precisamente, los artículos 522 a 524 del Código Penal, que prohíben agresiones contra la práctica de la religión, permanecerán vigentes.

Esto asegura que los creyentes puedan ejercer su derecho sin temor a hostigamiento, amparados tanto por el delito de odio, como por la protección al honor de los individuos, enfatizada en la legislación civil y penal. De esta manera, se pretende ofrecer un entorno donde la libertad de culto y la expresión pública convivan sin interferencias de carácter punitivo sobre el discurso crítico.

La proposición de ley propone la derogación del artículo 525, lo cual conlleva una mudanza significativa, dado que actualmente la infracción es sancionada con multas que oscilan entre 8 y 12 meses. También se contempla la retroactividad en la aplicación de leyes favorables al reo, incluso si estas son efectivas después de haberse dictado una sentencia firme.

Así, fuentes jurídicas han indicado que esta disposición implica la revisión de condenas por ofensas a los sentimientos religiosos y el archivo de casos en curso. Aunque la magnitud de este impacto no se espera que sea comparable a las rebajas de penas observadas con la ley del 'solo sí es sí', se prevén ajustes en algunas condenas por el reducido número de casos por esta infracción.

En la revisión de casos previos, los jueces podrán considerar reconducir ciertos hechos a otros tipos delictivos, como los delitos de odio o desórdenes públicos, un proceso que ya se vivió con la caída del delito de sedición en reformas anteriores.

El portavoz del PSOE, Patxi López, aclaró que la eliminación de este delito no implica la despenalización de actos de acoso basados en la religión, ya que siguen vigentes los delitos por odio o injurias, que protegerían a los individuos de ataques por sus creencias.

López también mencionó específicamente el caso de Laura Yustres, conocida como 'Lalachus', quien fue objeto de denuncias por mostrar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús de manera considerada ofensiva por algunos sectores. La controversia surgió por el uso de un símbolo religioso en un contexto humorístico durante un programa de televisión, lo que enfureció a grupos como Abogados Cristianos.

Los denunciantes argumentan que el uso de esta imagen supone una burla y un menosprecio a los símbolos católicos, señalando además que las reacciones de figuras institucionales sugieren un respaldo a este tipo de desprecio hacia la religión. Esta situación pone de manifiesto las tensiones existentes entre la libertad de expresión y el respeto cultural y religioso en un Estado que busca equilibrar ambos principios de manera armoniosa.