Crónica España.

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La defensa de Ana Duato afirma que no puede ser juzgada por la mayoría de los delitos fiscales imputados.

La defensa de Ana Duato afirma que no puede ser juzgada por la mayoría de los delitos fiscales imputados.

La actriz Ana Duato se enfrenta a un juicio en la Audiencia Nacional en relación al 'caso Nummaria', donde su defensa ha destacado que no deberían juzgarse cuatro de los siete delitos fiscales que se le imputan, ya que no declaró por ellos en instrucción. Además, se señala que en los otros tres ejercicios fiscales examinados, la liquidación ante Hacienda fue considerada como "correcta".

En contraste, Imanol Arias, quien también está involucrado en el caso junto a otras personas, ha admitido cinco delitos fiscales y ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel. Por su parte, Duato ha decidido defenderse de todas las acusaciones, enfrentando una posible pena de 32 años de prisión.

La defensa de Duato ha resaltado que las acusaciones se centran en la supuesta falta de facturación por trabajo en la serie 'Cuéntame cómo pasó' y posibles irregularidades en los ejercicios fiscales de 2014 a 2017. Se argumenta que no se le tomó declaración en instrucción por los cuatro delitos fiscales más recientes, lo cual se considera una vulneración de su derecho de defensa.

Se presenta un informe pericial que cuestiona las conclusiones de la Agencia Tributaria y se critica la acusación por los presuntos delitos fiscales. Se menciona que las liquidaciones presentadas por Duato en años anteriores han sido consideradas como correctas por instancias judiciales.

En cuanto a la situación de Miguel Ángel Bernardeu, esposo de Ana Duato, se destaca que la acusación por delitos fiscales en los ejercicios de 2011, 2012, 2014 y 2015 podría ser injusta, ya que no se habrían considerado los ingresos a través del impuesto de sociedades. Se plantea que existiría una doble imposición en su caso.

La defensa busca aclarar las acusaciones y señala que tres de los cuatro delitos imputados a Bernardeu podrían no cumplir con el requisito de la cuota defraudada que exceda los 120.000 euros, según la respuesta de la Agencia Tributaria. Se destaca la importancia de preservar el derecho de defensa en el proceso judicial.