En un tribunal de Madrid comenzó este lunes el juicio que enfrenta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se encuentra en el centro de un escándalo por presuntas filtraciones de información sensible. Su abogada del Estado, Consuelo Castro, denunció que su cliente ha sido objeto de un juicio injusto y de una presunción de culpabilidad que ha llevado a irregularidades en el proceso de investigación, exigiendo la anulación del material obtenido en registros considerados fundamentales para el caso.

García Ortiz está acusado de haber filtrado datos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Las repercusiones de estas acusaciones son graves, con un posible castigo que podría incluir seis años de prisión y fuertes multas económicas, además de una inhabilitación de doce años.

Desde el estrado, el fiscal general negó enérgicamente ser culpable de los delitos que se le imponen, respondiendo con un contundente "no" a la pregunta del presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, sobre su responsabilidad en los cargos que enfrenta.

Consuelo Castro, abogada del Estado, expuso en su intervención una serie de irregularidades que, en su opinión, invalidan el proceso legal al que ha sido sometido García Ortiz. Resaltó que durante la instrucción, el magistrado Ángel Hurtado mostró un claro sesgo por la premisa de culpabilidad, ignorando cualquier línea de defensa alternativa que el fiscal general pudiera haber planteado.

La letrada hizo hincapié en las falencias detectadas en los registros del 30 de octubre de 2024, que se llevaron a cabo en la oficina de García Ortiz y de la responsable de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien en ese momento también estaba bajo investigación.

Estos registros generaron pruebas cruciales contra García Ortiz, incluyendo comunicaciones en la Fiscalía relativas a la supuesta filtración y el borrado de datos en su dispositivo móvil. La defensa presentó un informe que se había rechazado previamente en el proceso de instrucción, argumentando que es imposible determinar qué mensajes fueron eliminados el 16 de octubre de 2024, cuando el fiscal general supuestamente borró la información de su teléfono dos veces, según la Guardia Civil.

Además, se solicitó la inclusión de mensajes del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que según Castro, evidencian una supuesta conspiración entre distintas instituciones para dañar la imagen de la presidenta madrileña, agregando un contexto vital a la causa.

García Ortiz ha descalificado siempre las acusaciones, que derivaron en un escándalo mediático por una nota de prensa que desató el caso. Según el instructor, hay sospechas de que el fiscal general pudo haber proporcionado información al periodista Miguel Ángel Campos de la Cadena SER sobre un correo electrónico relacionado con González Amador.

La abogada del Estado también pidió que se incluya el resultado negativo de la búsqueda de correos electrónicos asociados a Campos en los dispositivos de García Ortiz. Igualmente, resaltó la importancia de los mensajes hostiles que el fiscal recibió en sus cuentas personales, provocando que cerrara sus correos en diciembre de 2024.

María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, se unió a las críticas contra los registros, argumentando que vulneraron los derechos fundamentales de García Ortiz, basándose en lo que describió como una "ficción" del juez Hurtado sin respaldo factible o jurídico.

La teniente fiscal también subrayó que aún espera que la acusación presente evidencia de que la filtración se produjo por medios telemáticos, lo cual, según ella, no ha sido demostrado. Además, respaldó la solicitud de la defensa para incluir ciertos documentos que corroborarían su tesis de que existe una maniobra conjunta de diversos actores políticos y mediáticos para perjudicar al fiscal general.

Por otro lado, Gabriel Ramos, abogado de González Amador, solicitó incorporar conversaciones de WhatsApp relevantes a la causa y destacó la publicación de un artículo en 'El País' que refleja el contenido de un correo que la Fiscalía comunicó en una nota de prensa, subrayando la importancia de estos elementos en el caso.

Las múltiples acusaciones han respaldado las peticiones de Ramos, mientras que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid hizo énfasis en la necesidad de unir protocolos de actuación firmados por la Abogacía y la Fiscalía respecto a acuerdos de conformidad, aunque varios se opusieron a añadir los mensajes del gabinete de Díaz Ayuso, considerándolos irrelevantes para el proceso.