En un informe reciente divulgado en Madrid, las principales asociaciones bancarias han revelado que durante el periodo comprendido entre 2022 y 2024, se llevaron a cabo aproximadamente 7.500 transacciones, evaluadas en 860 millones de euros, bajo el marco del Código de Buenas Prácticas diseñado para ayudar a los deudores que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Los datos provienen de un estudio presentado por las agrupaciones AEB, CECA y Unacc, que destacan la existencia de dos versiones del Código de Buenas Prácticas: una instaurada en 2012 y otra más reciente de 2022. Ambas iniciativas buscan implementar estrategias para mitigar la carga hipotecaria de aquellas familias que se encuentran en riesgo de exclusión social o en vulnerabilidad económica.

Desde la implementación del primer código en 2012, que ha sido actualizado en 2022, se ha permitido la reestructuración de deudas de préstamos garantizados con hipotecas sobre la vivienda habitual. Este programa ha beneficiado a casi 70.000 familias que lograron renegociar sus hipotecas, ajustando las condiciones a sus realidades económicas.

En cuanto al código más reciente, este proporciona mecanismos adicionales, como la posibilidad de convertir préstamos de tipo variable a fijo, o realizar amortizaciones sin comisiones, enfocándose en aquellos prestatarios con ingresos más altos.

La activación de estos códigos se intensificó en noviembre de 2022, ante el brusco incremento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, motivado por el repunte de la inflación. Este aumento provocó que el Euríbor pasara de ser negativo a situarse por encima del 2%, alcanzando el 4% en 2023, lo que afectó principalmente a aquellos con hipotecas a tipo variable.

Ante esta situación, el Gobierno y las instituciones bancarias acordaron nuevas medidas para aliviar la presión financiera sobre los prestatarios, ofreciendo un respiro a muchas familias. Las organizaciones bancarias sostienen que estas iniciativas, junto con un contexto económico favorable, han llevado a una disminución del porcentaje de hogares con elevada carga financiera, que pasó del 4,6% al 4,1% entre 2022 y 2024. Esta tendencia es aún más positiva en el grupo de menores ingresos, donde bajó del 12% a menos del 10% en el mismo periodo.