En un desarrollo que ha generado controversia, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha comenzado a recibir solicitudes de reclusos de la organización terrorista ETA que desean beneficiarse de la reciente modificación de la Ley Orgánica 7/2014. Esta modificación les permitiría convalidar las condenas que han cumplido en otros países, en particular en Francia, lo que plantea importantes preguntas sobre la justicia y la memoria histórica en España.

Fuentes del ámbito jurídico han confirmado a Europa Press que la Sección Primera de la Audiencia Nacional tiene ya en su poder los primeros escritos presentados por varios condenados de ETA. Estos documentos solicitan que se acumulen las sentencias emitidas en territorio francés, con el fin de descontar de sus penas el tiempo que ya han cumplido en dicho país. Esta situación pone de manifiesto el delicado equilibrio entre los derechos de los reclusos y el principio de justicia para las víctimas del terrorismo.

La plataforma Sare, que agrupa a familiares y defensores de los presos etarras, había indicado en octubre que 52 internos de la organización podrían acogerse a esta modificación legal. Afirma que de estos, podrían ser siete los condenados que obtendrían su libertad este mismo año, un hecho que podría reavivar las tensiones en la sociedad española en torno a la memoria y el legado del terrorismo. Este escenario resalta la necesidad de un debate más profundo sobre la convivencia y la reconciliación.

Sare también sugirió que los reclusos podrían "reclamar responsabilidad patrimonial", algo que podría abrir otro frente de discusión legal y social. De estos 52 internos, 48 se encuentran en cárceles de la comunidad autónoma vasca, mientras que cuatro están en prisiones francesas con procedimientos abiertos en España. En total, actualmente hay 144 reclusos de ETA que están cumpliendo condena en diversas circunstancias, lo cual sigue siendo un tema de gran interés público y político.

Por otro lado, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha realizado sus propios cálculos y sostiene que hasta 44 miembros de ETA podrían beneficiarse de esta modificación, con siete de ellos en posición de ser excarcelados como consecuencia de este cambio legislativo. Esta situación es particularmente dolorosa para las víctimas y sus familias, que siguen luchando por el reconocimiento y la justicia en relación a los actos terroristas sufridos.

En el contexto de este debate, es relevante recordar que en febrero de 2022, el Gobierno español negó categóricamente que existiera alguna intención por parte del Ejecutivo de reducir las penas de los presos de ETA mediante la modificación de esta ley. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue claro al afirmar: "No hay voluntad ni intención alguna". Sin embargo, la situación ha dado un giro con la reciente decisión del PSOE y Sumar de utilizar su mayoría en la Mesa del Congreso para aprobar definitivamente la ley que permitiría la convalidación de las penas cumplidas en otros países de la Unión Europea.

La normativa modificada corresponde específicamente a la Ley Orgánica 7/2014, del 12 de noviembre, que regula el intercambio de información sobre antecedentes penales y el reconocimiento de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Este cambio ha suscitado un intenso debate sobre su interpretación y las implicaciones que tendrá para los reclusos de ETA, así como para las víctimas del terrorismo y la sociedad en su conjunto. La resolución de este asunto será observada de cerca, y podría marcar un antes y un después en la forma en que se aborda el pasado reciente de España en relación a la violencia y el terrorismo.