La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha emitido una declaración contundente que critica abiertamente los ataques que ha recibido el Tribunal Supremo y el sistema judicial por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La APM califica estos ataques como "graves" y demanda el respeto debido a las instituciones que defienden la justicia, después de que Sánchez hiciera afirmaciones sobre la inocencia del fiscal general, Álvaro García Ortiz, aún en proceso judicial.

Este pronunciamiento se produjo al cierre del XXVII Congreso Nacional de la APM, titulado 'Justicia independiente, garantía de democracia', que tuvo lugar en Murcia desde el pasado miércoles. La importancia de este evento se vio subrayada por la participación del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien defendió al presidente y argumentó que el debate crítico y respetuoso sobre las decisiones judiciales es una práctica democrática saludable, aludiendo a la libertad de expresión.

No obstante, Mª Jesús del Barco, presidenta de la APM, no dudó en manifestar su desacuerdo con Bolaños, enfatizando que no van a aceptar discursos engañosos. Su intervención dejó claro que los asistentes aplaudieron de pie, reafirmando su respaldo a su postura. Del Barco también criticó la polarización política y mostró escepticismo sobre la capacidad del Gobierno para crear las 2.500 plazas prometidas para jueces y fiscales, alegando la falta de un presupuesto adecuado.

La presidenta de la APM destacó que es erróneo presentar a los jueces como privilegiados que sólo han llegado a sus posiciones por sus antecedentes familiares. "La mayoría hemos llegado aquí con mucho esfuerzo y sacrificio", subrayó. Al referirse a una controversial campaña gubernamental que insinuaba que el acceso a la carrera judicial era cuestión de herencia familiar, del Barco se mostró indignada, recordando que más de la mitad de la carrera judicial está compuesta por mujeres.

En un tono directo, del Barco criticó las reformas propuestas por el Gobierno, afirmando que no buscan más que controlar a los jueces. Afirmó que el silencio no es una opción y que seguirán defendiendo la independencia judicial con firmeza. Rechazó las afirmaciones de Bolaños sobre la Ley de Eficiencia como una solución mágica, deseando que tales reformas "caigan en un sueño eterno".

Durante su intervención, el ministro Bolaños se mostró interesado por el diálogo con la APM, aunque reconoció que la atmósfera no parecía propicia. No obstante, afirmó que su intención no es poner en peligro la independencia judicial ni el Estado de Derecho. En su opinión, las reformas son necesarias para modernizar las leyes y resolver problemas que han persistido durante demasiado tiempo.

El ministro abordó las dificultades que ha enfrentado el Consejo General del Poder Judicial y cómo eso ha afectado a los jueces que aspiraban a ascensos, expresando su compromiso de trabajar hacia una mejora. Además, resaltó que la Ley de Eficiencia ha logrado reducciones significativas en la carga de trabajo de los tribunales en ciertas localidades, aunque sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo por parte de los asistentes.

Por otro lado, negó que hubiese solicitudes de comunidades para postergar la implementación de la fase tercera de la Ley de Eficiencia y reiteró su disposición a escuchar propuestas. En lo que respecta a la creación de nuevas plazas, explicó que la partida correspondiente está contemplada en la legislación en trámite, subrayando que, de ser aprobada, se facilitarán 2.500 nuevas posiciones en el ámbito judicial.

Finalmente, sobre los jueces sustitutos, mencionó que la selección para esos puestos se llevará a cabo mediante oposición, destacando que solo quienes cumplan con los requisitos obtendrán acceso a la carrera judicial, asegurando que no se comprometerán estándares de calidad.