La Fiscalía Anticorrupción está solicitando una condena de 21 años de cárcel para Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, debido a su presunta implicación en el caso del 'cártel del fuego'.

En una decisión que sorprendió a muchos, la Audiencia Nacional ha pospuesto el juicio programado para hoy y lo ha reprogramado para mañana. Esta medida se tomó luego de conocerse que la Fiscalía Anticorrupción se encuentra negociando con los acusados, lo que podría llevar a un acuerdo que evite el juicio, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

El exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, se enfrenta a cargos por su presunta participación en el cártel del fuego, un escándalo que ha salpicado a una treintena de personas, incluyendo empresarios, autoridades y funcionarios. Las prácticas corruptas fueron descritas como un intento de alterar la competencia en contratos públicos mediante sobornos y otras acciones ilegales.

La Fiscalía Anticorrupción ha reducido su lista de acusados a 17 personas en este caso, y está solicitando penas de hasta 33 años y 6 meses de prisión para algunos de los implicados, incluido Vicente Huerta, el principal acusado. Se les acusa de una serie de delitos que van desde falsedad en documentos públicos hasta asociación ilícita.

Las investigaciones han revelado un entramado de corrupción que se extendió desde 1999 hasta al menos 2018, afectando los procesos de contratación en el sector público relacionados con la extinción de incendios forestales. Funcionarios y autoridades de diversas regiones, incluyendo la Comunidad Valenciana y Cataluña, habrían participado en prácticas ilícitas en beneficio de empresas específicas dentro del cártel.

El juez encargado del caso, Manuel García Castellón, ha detallado cómo los acusados habrían manipulado los procesos de contratación pública, favoreciendo a sus cómplices mediante sobornos, modificaciones contractuales y otras acciones fraudulentas. La corrupción habría alcanzado tal magnitud que los precios de los contratos públicos se vieron injustamente inflados, generando pérdidas significativas para las arcas públicas.

Las prácticas corruptas no se limitaron al territorio español, sino que también se extendieron a otros países. En algunos casos, las empresas participantes en el cártel habrían manipulado concursos públicos para asegurarse contratos lucrativos, actuando en perjuicio de la competencia y el interés público.

El juez García Castellón ha destacado la implicación de funcionarios y autoridades en estas prácticas corruptas, que incluyen la recepción de regalos y dádivas a cambio de favores indebidos. Según las investigaciones, algunos de los implicados habrían recibido beneficios como vehículos, cacerías, armas de fuego, joyas y estancias en hoteles de lujo como parte de esta red de corrupción.

Los delitos imputados van desde cohecho hasta organización criminal, pasando por malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. La Fiscalía está decidida a llevar a los responsables ante la justicia y a poner fin a esta trama de corrupción que ha afectado gravemente la integridad de los procesos de contratación pública en España y más allá.