La Audiencia Nacional ha accedido a la solicitud presentada por la abogada de la doctora María Elisa Pinto, quien ha comunicado que se ha sometido a una intervención quirúrgica para eliminar un tumor cerebral.

En el día de ayer, se planeaba el inicio de un juicio contra el empresario Javier López Madrid, el comisario retirado José Manuel Villarejo y su colaborador Rafael Redondo, debido a un presunto encargo de López Madrid a Villarejo para acosar a Pinto, lo cual emergió de un conflicto personal entre las partes involucradas.

Al comienzo de la sesión, la abogada de Pinto informó que ha sido operada de un "meningioma de fosa posterior, que es un tumor cerebral". Expresó que "el proceso que estoy sufriendo es impeditivo". Además, detalló que padece de malestar general, dificultad para hablar y temblores, lo cual consideró un estado complicado de compartir, especialmente en un entorno tan formal como una sala de juicio.

Ante esta situación, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Francisco Martell, anunció la suspensión del juicio, enfatizando que era la primera vez que se enfrentaban a una circunstancia así. Explicó que esperarían hasta que la letrada reciba el alta médica para continuar con el procedimiento.

A pesar de la suspensión, el tribunal expresó su deseo de abordar ciertas cuestiones previas antes de la reanudación del juicio. Instó a la abogada a mantenerlos informados sobre su recuperación para que puedan resolver los temas pendientes por escrito.

El magistrado Martell también hizo hincapié en que la última fecha agendada para el juicio se ha programado para una de las partes de este caso, y sugirió que podría celebrarse en mayo o junio de 2026, una situación que consideró vergonzosa. Indicó que otros grupos y secciones del tribunal enfrentan circunstancias similares.

Es relevante mencionar que la primera fecha establecida para el juicio de cette pieza separada número 24 del llamado 'Caso Villarejo' había sido cancelada previamente y luego reprogramada a solicitud de las partes implicadas.

El juez de la Audiencia Nacional había propuesto el envío a juicio de los acusados en marzo del año pasado, en contra de lo que solicitó la Fiscalía Anticorrupción, que favorecía el archivo provisional del caso al considerar que no había pruebas suficientes para sustentar el delito de cohecho que se les atribuye a los tres imputados. El magistrado tomó en cuenta la línea de la defensa de la doctora Pinto, que demanda condenas de seis años de cárcel para López Madrid y Villarejo, y cuatro años para Redondo.

La Fiscalía había señalado en su informe que el objetivo de la investigación debía centrarse en los delitos de cohecho y que el conflicto personal entre López Madrid y Pinto se escapaba de esta línea. Afirmó que los hechos investigados ya estaban siendo examinados en los tribunales de instrucción de Madrid, lo que conllevaba a una situación improcedente al investigar los mismos hechos en dos juzgados distintos.

En su auto, el juez hizo un repaso de los eventos, destacando que todo comenzó en septiembre de 2013, cuando López Madrid contrató a Villarejo, quien aún era comisario en activo, para que le ayudara a resolver un problema personal relacionado con María Elisa Pinto. En diciembre de ese mismo año, López Madrid acudió a la consulta de Pinto acompañado por Redondo, quien actuaba como abogado por orden de Villarejo, y le indicaron a Pinto que la dejara en paz, con la amenaza de que la policía iría a visitarla.

Durante el año 2014, según los pacto establecidos, Villarejo habría acosado a la doctora, realizando seguimientos y tratando de obstaculizar cualquier denuncia que pudiera interponer Pinto contra López Madrid por acoso. El juez aseveró que Villarejo utilizó métodos policiales con el fin de desacreditar a la doctora. Además, accedió a información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial, solicitando detalles sobre el estado de la pesquisa mientras manipulaba la misma.

El magistrado también documentó los contactos telefónicos entre Villarejo y López Madrid, así como sus interacciones con otros agentes durante la investigación relacionada con los hechos denunciados por Pinto. Específicamente, mencionó al ex jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, y al inspector Alberto Carba, quien estaba a cargo de la investigación.

Entre el 16 de octubre y el 23 de noviembre de 2015, el agente de policía envió varios correos electrónicos a Javier López Madrid, manteniéndolo informado sobre el avance de la investigación y recibiendo instrucciones de su parte.

Finalmente, el juez hizo referencia a una conversación del 26 de enero de 2017, en la que Villarejo expresó su intención de requerir a López Madrid "una cantidad de dinero como compensación por su intervención en la resolución del conflicto personal". En este contexto, citó textualmente las palabras de Villarejo: "Cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que la han ayudado, hablaré con él, con Javierito, pónme un poquito de pasta, porque me has metido en un 'embolao' y ni me has llamado para decirme. Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios".