La AN inicia juicio a Jordi Pujol por supuesta corrupción familiar.

MADRID, 24 de noviembre. La Audiencia Nacional comenzará este lunes el juicio contra Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, así como contra sus siete hijos y más de quince supuestos cómplices. Los acusados están señalados por haber creado una presunta organización criminal que, durante décadas, se habría beneficiado de actividades ilícitas en virtud de su poder político.

El tribunal, bajo la dirección del magistrado José Ricardo de Prada y con la participación de las magistradas María Fernanda García y Mercedes del Molino, abordará acusaciones que incluyen delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental, evasión fiscal y alzamiento de bienes.

La Fiscalía ha solicitado la pena más severa para Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor, con 29 años de prisión y una multa superior a 6,5 millones de euros. Para su ex esposa, Mercé Gironés, se han pedido 17 años de cárcel y una multa de más de 600.000 euros. En cuanto a Jordi Pujol, la acusación plantea una sanción de 9 años de prisión y una multa de 204.000 euros, mientras que a sus otros seis hijos se les imputan penas que oscilan entre 8 y 17 años de cárcel.

Aparte de las multas impuestas, el Ministerio Público también exige la restitución de más de 45 millones de euros que, según afirman, la familia Pujol obtuvo de forma indebida.

En relación a los demás acusados, principalmente del ámbito empresarial, la Fiscalía demanda penas de entre 2 y 3 años de prisión por falsificación de documentos mercantiles, además de multas que van desde 200.000 hasta 8 millones de euros.

El informe de la entonces fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, detalla las actividades delictivas que se atribuyen a la familia Pujol. Según su análisis, el ex presidente aprovechó su posición para establecer una red de clientelismo que vinculaba su figura política y a empresarios afines, permitiendo la repartición de beneficios de contratos públicos de manera irregular.

El proceso judicial se iniciará con una declaración por videoconferencia de Pujol, quien ha estado hospitalizado recientemente y que alegará problemas de salud para no comparecer en la sede de la Audiencia Nacional en Madrid.

Un informe médico, solicitado por su defensa, dictamina que a sus 95 años, Pujol sufre un trastorno neurocognitivo grave y no puede trasladarse. Los médicos que elaboraron este informe también están convocados a testificar en los próximos días.

Durante el juicio, que se extenderá hasta 2026, se espera la comparecencia de más de 200 testigos, incluyendo figuras clave como el actual conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y los propietarios de la Banca Privada de Andorra.

Este caso llega a juicio tras la conclusión de la investigación realizada por el juez José de la Mata en julio de 2020, que se prolongó durante ocho años. En su resolución, el juez sugirió juzgar a toda la familia por formar un presunto grupo criminal que, aprovechando su influencia en la vida política catalana, acumuló un vasto patrimonio ligado a actividades corruptas.

El juez ha señalado que las acciones corruptas de la familia se habrían desarrollado durante la presidencia de Pujol entre 1980 y 2003, aunque también se habrían extendido después de su mandato, generando enormes sumas de dinero.

La investigación revela que la fuente del dinero supuestamente ilícito proviene de pagos de terceros, en su mayoría empresas, que realizaban entregas millonarias a la familia encubiertas a través de estructuras empresariales. A cambio, los Pujol supuestamente ofrecían influencias para adjudicaciones en el territorio catalán.

A pesar de haber admitido en 2014 tener dinero en el extranjero, Pujol atribuyó su origen a una herencia familiar. Además, se detalló el papel de cada miembro de la familia dentro de este entramado, con Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola en roles de liderazgo. El hijo mayor, Pujol Ferrusola, asume responsabilidades clave en la recepción y distribución de fondos, mientras los demás hermanos también participaron en las operaciones manteniendo la ocultación de los activos ilícitos.

Con respecto a los implicados ajenos al clan Pujol, el juez concluyó que actuaron en estrecha colaboración con la organización, desempeñando un papel fundamental en la realización de pagos ocultos y asegurando la opacidad de las transacciones.

Finalmente, el juez Santiago Pedraz declaró en 2021 la apertura del juicio oral para toda la familia, exceptuando a la esposa de Pujol, quien fue exonerada debido a problemas de salud.