En el día de hoy, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional comenzará el interrogatorio al exasesor ministerial Koldo García, quien se encuentra actualmente bajo prisión provisional. Esta medida se ha dictado por el Tribunal Supremo, que considera que existe un "riesgo extremo" de fuga en relación a un caso de presunta corrupción vinculado a la compra de mascarillas durante la pandemia, que involucra al Ministerio de Transportes.

El juez Moreno había programado este interrogatorio semanas antes de que el Tribunal Supremo decidiera enviar a Koldo y a su superior, el exministro José Luis Ábalos, a prisión. La detención se basa en las "fuertes evidencias" presentadas que sugieren que ambos podrían enfrentar penas de hasta 30 años por diversos delitos, incluyendo asociación criminal, cohecho y malversación de fondos públicos.

Además, el magistrado Leopoldo Puente, encargado de la investigación en el Supremo, indicó que tanto Koldo como Ábalos están vinculados a otro caso que incluye posibles irregularidades en obras públicas, lo que podría acarrearles aún mayores responsabilidades penales. El juicio se anticipa para dentro de unos meses y, si son hallados culpables, no se espera que sean condenados a menos de una década de prisión.

La decisión de citar a Koldo y al presunto intermediario Víctor de Aldama se produjo tras la recepción de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Este documento analiza los contratos adjudicados por el Gobierno de Canarias, liderado por el actual ministro Ángel Víctor Torres, a la empresa Soluciones de Gestión, que se encuentra en el núcleo de esta investigación.

El informe revela que Torres solicitó pagos relacionados con la adquisición de mascarillas, afirmando estar en constante comunicación con Koldo, quien tenía gran influencia en el proceso: "Estoy encima", parece haber dicho, lo que sugiere un manejo inadecuado de la situación.

El fiscal de Anticorrupción, Luis Pastor, ha instado a la Audiencia Nacional a interrogar a Koldo y Aldama, especialmente tras los hallazgos que apuntan a que los contratos en cuestión habrían servido como base para pagos recurrentes de 10.000 euros en efectivo de Aldama a Koldo desde 2019, un sistema que presuntamente garantizaba favores indebidos.

Según el fiscal, estos pagos no estaban limitados a actividades específicas, sino que representaban una forma de asegurar influencia sobre la obtención de beneficios económicos. Se considera que las solicitudes eran relativas a la contratación de material sanitario durante la crisis y la validación de la calidad del mismo.

Los agentes de la UCO también informan que Antonio Olivera, entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno canario, se comunicó con Koldo para ultimar detalles sobre la compra de mascarillas, generando inquietudes sobre la calidad y el precio de los productos. Según el informe, Soluciones de Gestión estaba proporcionando mascarillas a Canarias antes incluso de que los contratos fueran oficialmente adjudicados.

Los investigadores subrayan que Koldo utilizó su posición para facilitar la validación del material por diversas instituciones, implicando incluso a ministros de distintas áreas. Su declaración se produce tras la aparición de Aldama, quien admitió haber tenido un encuentro con Torres para discutir la entrega de pruebas anti-covid.

Aldama, tras su declaración, expresó su preocupación acerca del futuro legal que les aguarda, mencionando presiones de figuras políticas para que determinadas aerolíneas transportaran el material sanitario. Asimismo, insinuó que los pagos a Koldo eran una estrategia para acceder a influencias en distintas esferas, incluida la administración canaria.

Finalmente, el presunto intermediario también sugirió que otros altos funcionarios, incluido el ministro del Interior y el entonces titular de Sanidad, estaban al tanto de un encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un contexto que parece complicar aún más el entramado de relaciones y decisiones en torno a la pandemia.