La AIPI advierte de carencias en la ley de protección de informantes y posibles sanciones

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) ha denunciado deficiencias en la legislación que protege a quienes denuncian irregularidades en la Administración Pública y el sector privado en España. Desde su creación en septiembre de 2022, ha gestionado 174 casos y alertado de que la ley actual podría acarrear sanciones europeas si no se realiza una reforma urgente.

El organismo señala que la normativa española limita la protección a infracciones graves o muy graves, excluyendo conductas perjudiciales que, aunque no sean sancionables penal o administrativamente, impactan gravemente en el interés público. Además, advierte sobre la falta de protección para denuncias ante Fiscalía o fuerzas de seguridad y la insuficiencia de medidas cautelares para prevenir represalias.

Estas carencias tienen implicaciones políticas relevantes. La ley actual refleja un retraso en la adaptación a la Directiva Europea de protección a los denunciantes, lo que puede acarrear sanciones económicas y dañar la credibilidad del Estado en materia de transparencia. La fragmentación autonómica y la falta de coordinación dificultan una protección homogénea en todo el territorio.

El contexto político en España, marcado por debates sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción, pone en entredicho los compromisos de las administraciones con la protección de los denunciantes. La creación de la AIPI y sus recomendaciones responden a una demanda social y europea de mayor control y prevención de conductas irregulares.

De cara al futuro, la autoridad insiste en la necesidad de reformar la ley y de que las comunidades autónomas firmen convenios para coordinar la protección. La implementación efectiva de estas medidas será clave para fortalecer la confianza en los mecanismos internos y externos de denuncia, en un marco europeo cada vez más exigente en transparencia y protección a los informantes.