El instructor del caso que involucra a la Fiscalía ha vuelto a rechazar la solicitud de los abogados del Estado de acceder al contenido del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, quien se desempeña como jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión se debe a que el magistrado, Ángel Hurtado, prefiere esperar a revisar detalladamente las declaraciones y recibir nueva documentación antes de tomar cualquier acción adicional.

Este nuevo giro en el proceso tuvo lugar el pasado jueves, cuando los representantes legales del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, insistieron en la necesidad de copiar el contenido del móvil de Rodríguez. Argumentaron que había contradicciones entre su declaración y la de otro testigo que podrían impactar en el caso, aunque el juez optó por no acceder a esta demanda por el momento.

El día anterior, Rodríguez y dos periodistas habían declarado como testigos en el marco de la investigación que se lleva a cabo sobre los fiscales y su supuesta filtración de información desfavorable respecto al novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Este jueves, fue el turno de otros seis periodistas, citados a solicitud de los Servicios Jurídicos del Estado que buscan esclarecer las circunstancias en torno a la filtración.

Según fuentes cercanas a la investigación, un periodista de eldiario.es mencionó que antes de la publicación de un artículo el 12 de marzo que exponía la existencia de una investigación contra González Amador por delitos fiscales, intentó comunicarse con Rodríguez en varias ocasiones la noche previa, aunque no logró establecer contacto. Esta declaración generó un cruce significativo con la versión ofrecida por Rodríguez, quien alegó que no recibió llamadas del medio antes de la difusión de la noticia, con algunos testigos apuntando a que no recordaba dicha comunicación.

Los representantes de la Abogacía del Estado sostienen que estas afirmaciones contradictorias entre ambos testimonios justifican un nuevo requerimiento a Hurtado: el acceso al contenido del teléfono de Rodríguez, con el fin de revisar los mensajes y llamadas que pudieron haberse intercambiado durante el periodo crítico de la filtración, del 8 al 14 de marzo.

A pesar de la insistencia de la Abogacía del Estado, el instructor ha mantenido su postura de no acceder a este tipo de solicitudes, repitiendo la decisión del miércoles. Se ha comprometido, no obstante, a evaluar el contenido de dos elementos esenciales: primero, el compromiso del periodista de proporcionar un pantallazo de los mensajes de WhatsApp que afirma haber enviado a Rodríguez la noche del 11 de marzo, y segundo, la exhaustiva revisión de las declaraciones testificales presentadas.

En lo que respecta a los otros informadores que han comparecido, las fuentes legales han señalado que la Abogacía del Estado ha mostrado un interés particular por la fuente de información de cada periodista, cómo la recibieron y los métodos utilizados para su elaboración. Sin embargo, los periodistas han hecho uso de su derecho a reservar sus fuentes, respondiendo únicamente a preguntas que no comprometían el secreto profesional.