En Madrid, el exasesor del ministerio Koldo García decidió ejercer su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional, tras haber pasado su primera noche en prisión provisional. Esta medida fue dictaminada por el Tribunal Supremo, quien argumentó que existía un alto riesgo de fuga en relación con su involucramiento en una presunta trama de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia en el Ministerio de Transportes.

Según informaciones legales obtenidas por Europa Press, García se mantuvo en silencio durante su comparecencia ante el juez, una táctica que también había seguido en sus últimas apariciones en el Tribunal Supremo.

Koldo García llegó a la sede judicial alrededor de las 8:45 h, escoltado por un furgón de la Guardia Civil, para ser interrogado por el juez Ismael Moreno. Este último había solicitado su presencia semanas antes de que se tomara la decisión judicial que lo llevó a prisión.

El magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, dictó la prisión provisional de García y del exministro José Luis Ábalos, basándose en la peligrosidad del caso, una serie de indicios en su contra y las severas penas que podrían enfrentar, que buscan un máximo de 30 años por varios delitos, entre ellos la malversación y el tráfico de influencias.

Puente también destacó que ambos implicados son objeto de una investigación adicional relacionada con presuntos ilícitos en obras públicas, lo que podría acarrearles serias consecuencias legales.

El magistrado anticipó que el juicio por estas acusaciones se llevará a cabo en pocos meses y que, de ser hallados culpables, no se enfrentarían a menos de diez años de prisión.

En un movimiento relacionado, el juez de la Audiencia Nacional se pronunció el 7 de noviembre sobre la necesidad de llamar a Koldo y a Víctor de Aldama, luego de recibir un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que examina los contratos otorgados por el Gobierno de Canarias durante la crisis sanitaria, especialmente los que beneficiaron a la empresa Soluciones de Gestión, centro de la investigación.

El informe revela que el actual ministro Ángel Víctor Torres solicitó pagos vinculados a la trama de mascarillas, gracias a la influencia de Koldo, quien presuntamente recibió disculpas de Torres por su intervención en las negociaciones.

El fiscal de Anticorrupción, Luis Pastor, fue quien recomendó al tribunal que citara a García y Aldama, citando el informe que implicaba a ambos en un sistema de pagos en efectivo que Aldama había estado realizando a Koldo, lo cual le otorgaba acceso directo al ministro durante el periodo crítico del manejo de las compras sanitarias.

Además, se apuntó que esos pagos podrían ser interpretados como una forma de garantizar la influencia de Aldama para asegurar beneficios económicos personales a través de sus contactos dentro del entorno gubernamental.

El informe también sugiere que el entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, había garantizado el suministro de mascarillas mientras el propio gobierno estaba evaluando la viabilidad de la operación, demostrando una falta de claridad sobre el precio y la calidad del material.

Según las investigaciones, Olivera mantuvo comunicaciones con García para coordinar la cantidad de mascarillas a adquirir y demostraría un control significativo sobre las operaciones relacionadas con el suministro.

La declaración de Koldo tuvo lugar un día después de que Aldama admitiera haber tenido una reunión con Torres, en la que discutieron la posibilidad de ofrecer pruebas anti-Covid. Aldama expresó su preocupación por la situación de Torres, sugiriendo que la presión en torno a este caso era intensa.

El empresario implicado también mencionó que el expresidente canario parecía tener un interés desmedido en conseguir el cargo ministerial, y justificó los pagos a Koldo como una forma de abrir puertas en diversas instancias, incluyendo las del propio Gobierno canario, según las fuentes consultadas.

Por último, Aldama comentó que personajes claves como el ministro del Interior y el entonces ministro de Sanidad estaban al tanto de una reunión que tuvo lugar en 2020, lo que podría complicar aún más la trama en la que ambos se ven envueltos.